Cuando un ciudadano debe pagar para trabajar, el Estado ha fracasado en su función más básica: proteger la vida, la libertad y la propiedad. El llamado derecho de piso no es un simple delito económico; es la expresión de la derrota institucional ante la violencia. Es el síntoma de un país donde el miedo se volvió moneda y la autoridad, silencio.
El marco jurídico: la ley ya existe, falta voluntad. El Estado mexicano no carece de leyes para enfrentar la extorsión. El artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus actos en defensa de los derechos fundamentales; el artículo 21 otorga al Estado la responsabilidad exclusiva del uso legítimo de la fuerza; y el artículo 22 prohíbe los abusos y castigos extrajudiciales, dejando claro que la respuesta debe ser institucional, no vengativa.
El Código Penal Federal, en su artículo 390, tipifica la extorsión con penas de hasta 16 años de prisión y sanciones económicas severas. En los estados, los códigos locales contemplan figuras similares, pero su aplicación ha sido mínima por falta de coordinación, miedo o corrupción. El problema, por tanto, no es normativo: es político y operativo.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 6 y 17) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7) legitiman el uso de la fuerza pública únicamente para proteger derechos fundamentales, incluida la propiedad y la seguridad personal. Es decir: la defensa activa de la propiedad privada es un mandato jurídico, no una opción ideológica.
El derecho comparado ofrece lecciones claras. En Italia, tras décadas de dominio mafioso, el Estado reaccionó con la Ley Rognoni–La Torre (1982), que permitió confiscar bienes de los extorsionadores y transferirlos a fines sociales. Esa política legal, transparente y simbólicamente poderosa, cambió el equilibrio entre miedo y justicia.
En Estados Unidos, la figura del racketeering (RICO Act, 1970) permitió desmantelar redes de extorsión empresarial y sindical al tratar la extorsión como crimen organizado, con decomiso patrimonial y cooperación entre agencias estatales y federales.
En El Salvador, Nayib Bukele demostró que cuando un Estado ejerce su autoridad dentro de un marco legal fortalecido, la población recobra el control del espacio público. Aunque su modelo de excepción genera debate, el principio es incuestionable: la impunidad es la semilla del terror, y el orden, la semilla de la libertad.
En la historia, Napoleón Bonaparte, con la lucidez de quien entendía la política como ingeniería del orden, escribió:
“Los salteadores de camino son el producto natural de los gobiernos débiles; desaparecen cuando la autoridad se hace respetar”.
La frase sintetiza la tragedia mexicana: mientras la autoridad titubea, los salteadores modernos: los extorsionadores, gobiernan mercados, rutas y comunidades enteras. Recuperar la autoridad legítima es la única vía para restaurar el contrato social.
En México no puede y no debe haber ya espacio para medias tintas. La sagrada propiedad privada debe ser defendida con toda la fuerza legítima del Estado y la voz valiente de la sociedad. En tres meses puede iniciarse la recuperación del territorio, la reconstrucción de la confianza y la extinción progresiva de la extorsión, si existe decisión política, coordinación institucional e inteligencia operativa.
La estrategia debe ser legal, integral y transparente:
1. Perseguir la extorsión como delito prioritario nacional, con unidades especializadas y control judicial estricto.
2. Facilitar denuncias seguras y anónimas, con protección real a víctimas y testigos.
3. Congelar y decomisar bienes de extorsionadores mediante procesos legales y auditoría pública.
4. Blindar al comercio local con asesoría, vigilancia y estímulos fiscales.
5. Rendir cuentas semanales, para que la sociedad vea resultados, no excusas.
Y es que debemos entender (los mexicanos y sus gobernantes), que defender la propiedad no es defender el privilegio; es defender la libertad. Sin propiedad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay dignidad. México debe volver a una cultura del mérito, no del miedo; de la ley, no de la extorsión.
El derecho de piso no es solo un crimen: es una afrenta moral. Erradicarlo será una cuestión de Estado, pero también de conciencia nacional. Como escribió Napoleón, la autoridad debe hacerse respetar; como ha demostrado Bukele, el orden puede reconstruirse; y como exige la Constitución mexicana, la propiedad y la seguridad son derechos inviolables; los debemos hacer respetar.