No es ninguna exageración decir que, cada día que pasa, nos están robando en la cara el derecho de estar informados. Lo que antes era una obligación de transparencia, hoy nos lo están quitando a pedazos de la forma más arrogante. Por un lado, está el truco de las obras públicas., valga la comparación: es como si cooperaras para un proyecto en tu colonia y el administrador se negara a enseñarte las cuentas porque dice que es “secreto de Estado”.
Así nos la están aplicando: en la construcción de varias obras, en el gobierno: segundo piso del periférico de Ciudad de México, tren Maya, el AIFA, dos bocas y otras, a las cuales le ponen la etiqueta de seguridad nacional a los contratos millonarios y con eso se dan permiso a sí mismos para esconder costos, licitaciones y nombres de contratistas, y eso nos hace sospechar.
En el estado Sinaloa, mi tierra, se mantienen bajo reserva total, casos como, entre otros, el de la Academia de beisbol.
Pero el cuento no acaba ahí. Cuando cachan a un funcionario haciendo trampa y se abre una investigación por corrupción, congelan el expediente con la excusa de no arruinar el proceso legal. Casos como el de Ana Gabriela Guevara, quien presumiblemente hizo desvíos en la Conade por más de 200 millones.
Al final, el negocio es redondo para el corrupto y una burla para nosotros: no nos dejan ver en qué se gastan el dinero al principio, y tampoco nos dejan saber si castigaron al culpable al final.
No nos olvidamos tampoco, del daño patrimonial que le causaron a las finanzas del estado de Sinaloa en el periodo 2017-2021, la simulación de auditorías, mismas que no se ejercieron, a empresas locales.
Al revisar el SAT, se dio cuenta de que nunca se llevaron a cabo y estableció una multa cuyo monto ascendió a 2 mil doscientos millones de pesos que está pagando el nuevo gobierno por concepto multas, y actualizaciones, mientras los beneficiados por esta triquiñuela, como si nada, ni siquiera preocupados, las argucias legaloides han impedido que el SAT, haya podido cobrarles.
Esto solo es un ejemplo de las múltiples fechorías que se cometen.
Casi todo lo que reservan, al igual que los expedientes por corrupción que congelan, parece ser que es para mantenernos completamente a oscuras mientras la deshonestidad nos sigue costando miles de millones de pesos.
Y para rematar, ahora resulta, al parecer viene el intento de controlar la radio y la televisión, con la bandera de que nos van a defender de las mentiras... Por favor ¡ya!
Quieren que una oficina que depende directamente del gobierno sea la que decida qué noticia es verdad y cuál es falsa.
Si un periodista se atreve a publicar una investigación incómoda sobre una obra opaca o un político corrupto, la amenaza es meterle multas millonarias hasta tratar de doblarlos.
Ejemplifico algunos casos que se vienen a la memoria: Héctor de Mauleón, denunciado por señalar supuesto actos de corrupción en Tamaulipas, Jorge Luis González Valadez y su medio informativo, Tribuna de Campeche, sujeto a procesos penales, tras publicar críticas sobre el gobierno de Campeche. Rafael León Segovia, en Veracruz.
En Sinaloa, el periódico, Noroeste ha enfrentado procesos, demandas, campañas de desprestigio, tras investigaciones sobre corrupción del gobierno.
El miedo a la sanción es, en muchos de los casos. el mejor bozal; lo que buscan es que los reporteros prefieran callarse o alinearse antes que incomodar al poder.
El retroceso es gigante. Mientras el gobierno nos esconde sus documentos oficiales e investigaciones, al mismo tiempo quiere vigilar y castigar lo que los medios dicen de ellos.
Todo lo anterior nos propicia desconfianza, porque a una sociedad a la que le ocultan la realidad y a la que le controlan lo que escucha, está condenada a caminar con los ojos vendados.
El derecho a estar informados es de nosotros, no de los políticos en turno, y dejar que nos lo roben día con día nos va a costar el futuro a todos. ¿Usted qué opina?