A Rubén Rocha Moya difícilmente se le puede infligir un daño reputacional mayor al que ya enfrenta. Las acusaciones en EEUU por delitos graves —todavía sin pruebas contundentes—, así como la posibilidad de ser juzgado allá o en México, han colocado su nombre en un descrédito profundo, quizá definitivo.
¿Por qué, entonces, insistir tanto —incluso en portadas de diarios nacionales— en repetir aquellas expresiones misóginas que en su momento dirigió a la hoy gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla?
Al difundir tales palabras —que aquí no se reproducen— se incurre en una clara revictimización. Si en su momento Bonilla sufrió violencia política de género por parte del hoy gobernador con licencia, ahora vuelve a padecer esa agresión, amplificada por la prensa y por quienes la replican en redes sociales. Este barullo mediático no castiga al agresor original; golpea, otra vez, a la mujer agraviada.
Si el daño a Rocha Moya ya es considerable, cabe preguntarse cuál es el verdadero propósito de esta insistencia. ¿Se busca afectar al proyecto político de izquierda? ¿Sembrar la falsa idea de que en Morena las mujeres dependen de los machos alfa? ¿Se intenta detonar una reacción entre las mujeres con liderazgo dentro del partido? Todo indica que sí.
Estamos ante un ejercicio de politiquería que pretende socavar uno de los principales activos de la llamada Cuarta Transformación, en un contexto además marcado por presiones externas que buscan influir en asuntos que corresponden al ámbito interno del país.
Ese enorme activo es, sin duda, el papel protagónico que hoy desempeñan las mujeres en Morena.
Lo que vemos en medios y redes es el uso de la misoginia como herramienta de desgaste político: una estrategia que, al amplificar agravios del pasado, no solo revive la ofensa, sino que intenta debilitar un liderazgo femenino —prácticamente inexistente en la oposición— que se ha vuelto central en la vida pública nacional desde que la izquierda llegó al poder.
Las acusaciones contra Rocha Moya son graves y suficientes para desacreditarlo. Por ello, la reiteración de sus expresiones machistas no aporta información nueva ni eleva el nivel del debate: revela, más bien, la intención de golpear indirectamente a las mujeres de Morena. Es un propósito que no prosperará, pero cuya existencia resulta evidente.
Aquellas palabras del gobernador con licencia fueron, en el mejor de los casos, una broma desafortunada; en el peor, una manifestación de misoginia. Lo cierto es que afectaron a Bonilla, quien entonces era legisladora y se encontraba en una posición de menor poder frente a su entonces líder político. Incluso si la intención hubiese sido trivial, el hecho constituyó violencia política de género.
Por eso, insistir hoy en su difusión —cuando Rocha ya no está en el cargo y enfrenta riesgos legales, y cuando Bonilla encabeza el gobierno estatal— supone una doble revictimización al colocar a la gobernadora nuevamente en el centro de un episodio que la denigró públicamente.
Si el objetivo fuera exhibir a Rocha Moya, la repetición sería redundante; su situación actual habla por sí misma. Resulta obvio que se busca dañar al proyecto político al que pertenece.
Hay, además, un elemento clave: medios y redes apuntan contra una de las principales fortalezas del movimiento, la creciente participación y liderazgo de las mujeres.
La 4T es hoy un espacio donde convergen figuras como Claudia Sheinbaum en la presidencia; Ariadna Montiel, una de las operadoras políticas más relevantes, que dirigirá Morena; Citlalli Hernández, fundamental para el proyecto; Luisa María Alcalde en una posición estratégica, así como una titular de Gobernación con mando real, Rosa Icela Rodríguez. A ello se suma una gobernadora del banco central, una mayoría de ministras en la Suprema Corte y un número significativo de gobernadoras y secretarias de Estado.
Destaca particularmente el peso político de la Secretaría de Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez, la posición más influyente por su impacto social. Esta dependencia ha sido clave para sostener la base popular del proyecto, al incidir directamente en la reducción de la pobreza y en la estabilidad social.
En este contexto, la reiteración de agravios misóginos refuerza estereotipos y busca debilitar simbólicamente a las mujeres que ocupan espacios de poder. Pretende, en última instancia, minar la legitimidad de un proyecto en el que, por primera vez, ellas predominan en las posiciones más influyentes del país.