Pues sí, sorprendentemente, la ministra Yasmín Esquivel ha vuelto a ser protagonista de los principales diarios nacionales. Primero lo fue tras la revelación de haber plagiado su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho en la UNAM. Este escándalo público se inscribió en el contexto de haber buscado, con el apoyo de AMLO, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
Tras unos días de aparente tranquilidad mediática, el nombre de Esquivel ha resurgido tras la investigación realizada por dos periodistas de El País, en la cual revelan que la criminalidad académica de la ministra no se limitó a su tesis de licenciatura, sino que también plagió una parte importante del documento que le condujo al otorgamiento del grado de doctora en la Universidad Anáhuac.
Esta universidad privada, distinguida menos por la calidad académica de sus programas que por sus elevadísimos costos y su filiación a los Legionarios de Cristo, se deslindó olímpicamente arguyendo que, de acuerdo a sus estatutos, no contaba con las competencias para retirar un título después de un tiempo determinado. En otras palabras, la Anáhuac no negó la existencia de un plagio en la tesis de Esquivel, pero sí que se lavó las manos frente a cualquier posibilidad de acción en contra de la ministra plagiaria.
En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lee en su artículo 95 numerales III y IV: “Para ser electo miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: III – Poseer un título profesional de licenciado en derecho…IV- Gozar de buena reputación.
Como el lector podrá comprobar, los escándalos de la ministra Esquivel revelan que, a todas luces, la jueza incumple hoy con dos requisitos constitucionales para ejercer el cargo como ministra de la Corte. Por un lado, el título que le habilita como licenciada en derecho es inválido, mientras que la reputación de la magistrada ha quedado en entredicho tras las múltiples revelaciones en torno a su honestidad académica.
Sin embargo, Yasmín Esquivel, a pesar del golpe demoledor contra su reputación como estudiante, abogada y ministra, continúa ejerciendo un cargo mayor en el máximo tribunal jurisdiccional del país, enviando el vergonzoso mensaje de que un ciudadano puede “salirse con la suya” si cuenta con los apoyos políticos necesarios.
El caso Esquivel no debe sentar precedente. La ministra debe dejar la Corte, sea a través de un mecanismo de Estado o mediante una acción jurídica iniciada por la UNAM. Mientras el primer escenario se antoja poco probable, el segundo resuena hoy tras el nombramiento de un nuevo Abogado General en la máxima casa de estudios del país. Veremos.