Según se ha informado, Andrew Mountbatten-Windsor, antes duque de York, fue arrestado ayer por la policía en su domicilio de Sandringham, en el este de Inglaterra. Si bien solo fue retenido por algunas horas y más tarde liberado, continuará la investigación en torno a supuestas conductas inapropiadas.

Conviene recordar que Mountbatten-Windsor es el segundo hijo varón de la difunta reina Isabel II, y por lo tanto, hermano menor del rey Carlos III. Durante años ostentó el título de duque de York, mismo que tradicionalmente es otorgado al segundo hijo varón del monarca, y ocupó durante muchos años el segundo lugar en el orden de sucesión al trono británico. Tras el nacimiento de los hijos de William, príncipe de Gales, el imputado es hoy el sexto en la línea.

Como es sabido, desde que fueron reveladas las sospechas iniciales en su contra, el rey Carlos III ordenó el retiro de sus títulos y cualquier tratamiento como miembro de la familia real.

Las acusaciones contra Mountbatten se insertan en el escándalo mundial protagonizado por Jeffrey Epstein, mismo que involucra una red de tráfico sexual de menores que ha tocado a personajes como Donald Trump y Bill Clinton, y mismo a otros que, como Emmanuel Macron, se han desmarcado y acusado a sus detractores de utilizar a los medios sensacionalistas para atacarles políticamente.

El caso del hermano del rey Carlos ha sentado un nuevo precedente en el alcance de la justicia. Por primera vez en la historia del Reino Unido, se ha imputado penalmente a un miembro senior de la familia real. Este suceso evoca las acusaciones que tuvieron lugar hace algunos años en contra de la infanta Cristina de España y de su marido Iñaki Urdangarín. Ambos escándalos sacudieron a la opinión pública, y en el caso español, lastimaron profundamente la reputación de la Casa Real española y de su titular, el rey Felipe VI.

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Sucesos como lo ocurrido en Gran Bretaña no pueden dejar de mostrar un ejemplo al mundo sobre cómo ningún individuo, sea cual sea su posición social o su cercanía con políticos o jefes de Estado, debe ser llevado ante un juez tras la comisión de un delito.

Desafortunadamente, en países como México un auténtico sentido de justicia continúa brillando por su ausencia. Mientras en Inglaterra el hermano del rey ha sido encausado, en las tierras del obradorismo se puede delinquir sin consecuencias. Pueden existir decenas de reportajes periodísticos, señalamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, informes de auditorías, vídeos, grabaciones o evidencias a la luz de todos, mientras que las autoridades responsables de la impartición de justicia miran hacia otro lado cuando se trata de hombres o mujeres cercanos a la cúpula del poder.

El Estado mexicano está capturado por la impunidad. Se señalan actos de corrupción cuando los implicados representan intereses de grupos opositores, mientras que no se hace nada cuando involucra a personajes conspicuos ligados al régimen gobernante. Los nombres de Adán Augusto López, los López-Beltrán, Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Rocha Moya, Américo Villareal, el almirante Ojeda y tantos otros dan testimonio de la putrefacción del sistema de justicia en México.