En el silencio de las arenas del Sáhara Occidental habita una memoria que España quiso enterrar con prisa. Durante casi veinte años, aquel territorio fue la provincia número cincuenta y tres, y quienes nacieron allí bajo bandera española poseían un documento que los acreditaba como ciudadanos. Después llegó la Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid, el abandono. España se marchó dejando atrás a un pueblo que había aprendido a leer en sus escuelas.
Ahora, medio siglo más tarde, el Congreso de los Diputados discute una ley que reconoce la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y siete. La norma, impulsada por Sumar y defendida con tenacidad por la diputada Tesh Sidi, ha salido adelante con ciento sesenta y ocho votos a favor, la abstención del Partido Popular y el rechazo solitario de Vox.
Quienes promovieron la iniciativa hablan de reparación histórica. La diputada Sidi lo expresó con valentía cuando dijo que con esta norma se le devuelve el documento de identidad a quienes algún día lo tuvieron y este Estado se lo quitó. Pero el daño no está realmente reparado. El portavoz socialista Artemi Rallo calificó la jornada como histórica y negó que se tratara de una concesión graciosa. Desde el Partido Nacionalista Vasco, Mikel Legarda habló de una profunda deuda moral del Estado para con el pueblo del Sáhara Occidental, aunque no dejó pasar la ocasión para recordar el giro unilateral del presidente Sánchez respecto al derecho de autodeterminación.
No todos compartieron el entusiasmo. El Partido Popular, aunque se mostró favorable a facilitar la nacionalización, rechazó la vía de la carta de naturaleza y abogó por el procedimiento ordinario de residencia. Vox votó en contra argumentando que la nacionalidad española no puede ser una indemnización de hoy por la historia de ayer. Entre los grupos minoritarios hubo quien consideró la medida positiva pero insuficiente. El Bloque Nacionalista Galego recordó que esta ley no sustituye la responsabilidad del Estado español en la actual situación de opresión marroquí.
Las cifras varían según quien las calcule. Algunos hablan de ochenta mil beneficiarios potenciales, otros elevan la cifra hasta doscientas mil personas repartidas entre el territorio ocupado, los campamentos de refugiados en Argelia y la diáspora dispersa por el mundo. Todos ellos podrán solicitar la nacionalidad durante los tres años siguientes a la entrada en vigor de la ley, con la posibilidad de prorrogar este periodo un año más. Sus hijos dispondrán de cinco años para hacer lo propio.
Sin embargo, hay una dimensión de esta historia que rara vez encuentra espacio en los debates parlamentarios. Mientras se discute sobre plazos y procedimientos, sobre cartas de naturaleza y residencias legales, el territorio del Sáhara Occidental continúa siendo uno de los más minados del planeta.
Las primeras minas antipersonas fueron colocadas precisamente por España. Así lo confirman los registros de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonas, que documenta el último uso de estas armas por parte española en mil novecientos setenta y cinco, en la frontera marroquí de su entonces colonia del Sáhara Occidental. España firmó el Tratado de Prohibición de Minas en mil novecientos noventa y siete y completó la destrucción de su arsenal cuatro años después, pero las minas que sembró en el desierto permanecen allí.
El general español retirado Adolfo Coloma describió cómo se instalaron campos de minas entre las cercas que pretendían canalizar a los marchantes hacia rutas controladas. El verdadero campo de minas, señalizado con carteles en árabe y español, aguardaba a siete kilómetros de distancia.
Hoy, medio siglo después, esas minas siguen cobrando víctimas. Aziz Haidar, presidente de la asociación saharaui de víctimas de minas, advertía que desde el alto el fuego más de trescientas personas han muerto o resultado heridas por explosiones de minas y bombas de racimo. La lluvia arrastra las minas hacia zonas consideradas seguras. Los pastores nómadas, cuyas rutas de trashumancia quedaron divididas por el muro, se enfrentan cada día al riesgo de pisar un artefacto explosivo. Pero son los niños quienes protagonizan las historias más desgarradoras. Encuentran esos objetos brillantes en la arena, creen que son juguetes, los manipulan. El resultado es casi siempre el mismo: la amputación, cuando no la muerte.
La ley de nacionalidad aprobada esta semana representa un gesto de justicia. Reconoce un vínculo jurídico que nunca debió romperse. Pero sería un error contemplarla como el final de una historia. La reparación que España debe al pueblo saharaui no se agota en la concesión de pasaportes. Queda pendiente la limpieza de los territorios minados que España contribuyó a sembrar. Queda pendiente la atención a las víctimas que aún hoy, décadas después, siguen sufriendo las consecuencias de aquel abandono.
La diputada Tesh Sidi habló durante el debate de la buena política y presentó la aprobación de la norma como un logro colectivo que pertenece a todo un pueblo. Tenía razón. Pero la buena política exige también asumir las consecuencias de los actos propios, incluso cuando han pasado cincuenta años. Exige recordar que las minas que mutilan a los niños saharauis fueron colocadas por manos españolas. Exige reconocer que el desierto sigue sembrado de muerte y que esa muerte tiene nuestra firma.
Mientras el Congreso celebraba la aprobación de la ley, en algún lugar del Sáhara Occidental un pastor conducía su rebaño por senderos que conoce de memoria, esquivando instintivamente las zonas prohibidas. En algún campamento de refugiados, una madre explicaba a su hijo que no debe recoger objetos brillantes de la arena. En algún hospital de campaña, un médico preparaba una prótesis para un niño que confundió una mina con un juguete. La nacionalidad española les devuelve un nombre. Pero el desierto sigue esperando que España recuerde lo que plantó en su suelo. Ese es el agravio pendiente y no se soluciona con leyes pues encima de todo, las tormentas de arena y el intenso viento mueve aquellas minas por lo que la memoria de los locales, los que quedan tras el desplazamiento forzado, no es suficiente para esquivarlas. Como estrategia de guerra, las minas no son letales o sea que no matan a quien las activa. Están diseñadas para una explosión radial corta qué hace perder la pierna o la mano de quien se encuentra cerca pues quienes las sembraron querían que los rebeldes adversarios tuvieran que distraerse de los enfrentamientos para salvar a sus compañeros heridos. Un muerto era fácil de abandonar en la arena pero un amputado no. Esa es la perversidad tras las armas qué se mantienen sembradas ahí, en el desierto del Sáhara.