El primer Jorge
He cuestionado a muchos periodistas, algunos amigos cercanos en otros tiempos, porque me parece que no solo hacen un mal trabajo al analizar lo que hoy es la 4T, sino que son absolutamente injustos en sus cuestionamientos contra el expresidente AMLO y la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mayoría de los y las columnistas apoyaron, por la vía de abiertamente negarlo, el fraude electoral de 2006. Y desde que Morena llegó a la presidencia de México se han dedicado a inflar a la disminuida oposición, lo que es un derecho. El problema, muy serio, es que al operar contra el gobierno de izquierda desde hace unos meses facilitan el injerencismo de agencias y personas extranjeras, sobre todo estadounidenses, pero también españolas.
No es personal, le dije ayer a uno de los periodistas que más he criticado, Jorge Fernández Menéndez. Lo encontré en el restaurante Arturo. Me dio gusto verlo; creo que a él también le agradó saludarme, aunque no ocultó cierta molestia: “Entre amigos no se valen los ataques personales”. Le aclaré que jamás me he ocupado de su vida privada.
Jorge estaba en otra mesa y al terminar me despedí de él. El segundo saludo se dio en un ambiente más amable. Se vale cuestionar a los amigos de tantos años si uno considera que actúan en forma indebida. Y nadie tiene por qué enojarse.
El otro Jorge
En su columna de El Universal, diario que le queda chico, Jorge G. Castañeda expresó que al empresariado mexicano le molestan las diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El excanciller —fue titular de Relaciones Exteriores con Vicente Fox— contó lo que ha ocurrido “desde los años veinte del siglo pasado”.
¿La razón de tal molestia? Que nuestra clase empresarial “posee demasiados intereses en y con Estados Unidos, legítimos, lógicos… mercados de exportación, visas, escuelas o universidades para sus hijos, créditos, vacaciones y residencias secundarias, inversiones cuantiosas.
Enseguida, el Güero Castañeda reprodujo una pregunta que hizo la presidenta Sheinbaum: “¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de Estados Unidos que de México?”.
El columnista de El Universal dio dos respuestas que se sintetizan en una opinión suya, más propaganda que diagnóstico objetivo: “Desde el TLCAN, siete presidentes mexicanos (incluyéndola a ella y a AMLO) y miles de empresarios mexicanos y del mundo entero, han encontrado en el recurso binacional de justicia una garantía y una certeza que el sistema mexicano no ofrece”.
Netflix, Luis Miguel y un vicio a erradicar del sistema de justicia de México
Hay más propaganda que realidad en críticas, como la de Castañeda, al sistema judicial mexicano. Pero, desde luego, hay asuntos problemáticos que con reformas sencillas podrían superarse. Uno de ellos es el vicio de los amparos para efectos, que lleva a que se eternicen los juicios civiles, mercantiles y hasta familiares y que ha generado otra lacra, todavía mayor: para acabar rápido con los procesos que abogados mañosos hacen durar muchos años, se las arreglan para convertir en asuntos penales litigios que no tienen por qué terminar en condenas de cárcel.
Vayamos a un ejemplo: Netflix y la serie Luis Miguel.
Más allá del desgastante tema de la seguridad, en la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos, México tendrá que callar a propagandistas como mi amigo Castañeda que hablan, con ligereza, de falta de institucionalidad en nuestro sistema de justicia.
El ideal sería una reforma. Pero, si no hubiese condiciones políticas, bastaría para demostrar que las instituciones operan eficazmente, como me dijo un amigo muy enterado, con “instrumentos que ya están en la ley”.
México no parte de cero en certeza jurídica en materia penal. Tiene un Código Nacional de Procedimientos Penales moderno, un ministerio público capacitado y tribunales con doctrina sólida. El reto no es repensar el sistema —como plantearía la oposición—, sino usar mejor y con oportunidad las herramientas existentes.
Hay un campo donde una sola decisión produciría señal positiva inmediata: el filtro técnico al ingreso de las denuncias penales. Toda procuración de justicia madura distingue, desde el primer paso, entre las indagatorias que deben atenderse y las que conviene encauzar por la vía civil o administrativa. Cuando ese filtro opera con disciplina, las víctimas reales reciben atención más rápida y los mercados leen bien cómo y cuándo se activa el aparato penal.
El caso Netflix México lo ilustra. Desde 2023 está en trámite la denuncia contra este servicio de streaming de la actriz Issabela Camil—casada con el diputado federal Sergio Mayer, uno de los personajes impresentables que se sumaron a Morena—. El problema tiene que ver con las escenas de intimidad de pareja de la serie Luis Miguel. Los abogados de Camil las interpretan, erróneamente, al amparo de la Ley Olimpia.
La denuncia se sostiene en un equívoco porque la verdad es que el personaje es ficticio, lleva otro nombre (“Érika”) y lo interpreta otra actriz (Camila Sodi). Una obra de ficción no puede ni debe equipararse a una violación a la intimidad sexual: la ley castiga la difusión no consentida de material íntimo de una persona, no la dramatización de un romance bajo un personaje que ni siquiera lleva el nombre de la denunciante.
La Ley Olimpia no debe usarse para la persecución penal de biografías, novelas o películas. Lo que pretende la representación legal de Issabela Camil resulta absolutamente inaceptable para las compañías globales de la industria del entretenimiento.
Para la Fiscalía General de la República la salida existe y es técnicamente defendible; retrasarla más tiempo afectará a la marca México. El ministerio público federal, encabezado por Ernestina Godoy, dispone de rutas legítimas para cerrar el expediente sin violentar el Estado de derecho: el no ejercicio de la acción penal, un criterio de oportunidad, o la facultad de abstenerse de investigar por tratarse de hechos cuyo cauce idóneo es la vía civil —la acción de daño moral, que también está en trámite—. Ninguna desatiende a la denunciante; todas reconocen que su pretensión corresponde a otra sede. Alargar el echar abajo la insensatez de los abogados de Camil complicará dar una explicación creíble para los mercados al vocero de la FGR, Ulises Lara.
Una resolución correcta y bien motivada enviaría tres señales. A las víctimas de violencia digital real: la Ley Olimpia conservaría su fuerza para los supuestos que quiso proteger, y no para hacer negocio tergiversando la ley, como en la denuncia de Camil y Mayer —quien fungió como testigo de su propia esposa—. A la comunidad jurídica: seguiría vigente el principio de última ratio, según el cual el derecho penal y la prisión solo proceden cuando no hay otra vía. Y a la inversión extranjera: sería un mensaje de que el sistema sabe separar, con oportunidad, los litigios civiles de los conflictos que se buscan volver penales con fines de chantaje.
Las compañías globales no piden tribunales complacientes; piden previsibilidad. Aceptan más impuestos y regulaciones más duras, pero no entienden que una controversia civil termine procesada por la vía penal. Cuando el sistema demuestra que distingue ambos planos, llegan nuevos proyectos de inversión —o se quedan los existentes en vez de migrar— y se acumula la confianza que protege al país en la búsqueda de acuerdos internacionales.
Hay que aprovechar este momento de intensas negociaciones con EEUU —y este expediente, entre otros— para probar que existe en México un sistema de justicia institucional que ya no se presta a las malas prácticas de quienes pretenden ganar por la vía penal lo que es civil. No se trata de cerrar la puerta a las denuncias, sino solo de canalizar cada pretensión a la vía correcta.
Más allá del caso, convendría formalizar criterios internos sobre la facultad de abstención de investigar: la atribución del ministerio público para rechazar denuncias donde la vía civil ya ofrece protección plena. ¿Tan difícil es una circular que oriente al ministerio público a evaluar si los hechos encuentran mejor cauce en lo civil? Respetaría los derechos de quienes no han delinquido, ahorraría al sistema cientos de expedientes al año y daría al mercado la certeza de que no se permiten abusos de litigantes mañosos.
La percepción internacional sobre la solidez del sistema de justicia de México se refuerza con decisiones técnicamente correctas. Quitarle a Netflix la carga de un juicio penal que no corresponde —porque nadie en la empresa ha delinquido— sería una gran oportunidad para demostrar que el sistema está cambiando para bien.