La guerra contra el Instituto Nacional Electoral inició desde el primer día del gobierno de AMLO. A través de innumerables descalificaciones contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y contra la institución misma, el presidente de México no ha cejado en su empeño de legitimar frente a sus bases la necesidad de una “reforma electoral” que haga posible democratizar al país.

No hay duda de que las aseveraciones de AMLO y de sus simpatizantes no tienen sustento en la realidad. La verdad es inequívoca. El INE es hoy un pilar fundamental de nuestra democracia en ciernes, y a la luz de los sondeos de opinión, el organismo cuenta con un buen nivel de credibilidad entre los mexicanos. Se trata pues, de una mera estrategia dirigida a que Morena, y con ello, la continuidad del fracasado proyecto de la 4T, se ancle a la silla presidencial, cargándose así a la oposición y a cualquier esperanza de resarcir los daños provocados a lo largo de los últimos cuatro años.

Irónicamente, y en este punto sí que quisiera poner el acento, AMLO no mira hacia donde yace el nefasto recuerdo de los fraudes electorales de 1986 y 1988, perpetrados por Manuel Bartlett, a la sazón, secretario de Gobernación bajo el gobierno de Miguel de la Madrid.

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El lector recordará que en el marco de las elecciones estatales de Chihuahua en 1986, el gobierno federal, con un Bartlett a la cabeza de la Comisión Federal Electoral, despojó vergonzosamente al candidato panista Francisco Barrio. Este suceso supuso el primer gran fraude electoral cometido contra un candidato popularmente electo por la mayoría de los habitantes de un estado.

En 1988 Manuel Bartlett aparece nuevamente en escena con el célebre fraude de ese año, en el cual el candidato Carlos Salinas derrota misteriosamente a Cuauhtémoc Cárdenas, tras la supuesta caída del sistema de cómputo.

Estos dos eventos sí que representaron una afrenta para los valores democráticos. En este tenor, en un ejercicio comparativo, podemos aseverar que existen más y mejores pruebas sustanciales del fraude electoral cometido contra Barrio y Cárdenas que contra AMLO en 2006.

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Sin embargo, y a pesar de que Manuel Bartlett es un personaje oscuro de la política mexicana, tanto por su participación en los citados fraudes electorales como por sus sospechas de corrupción, goza de total inmunidad política y jurídica, y se sienta plácidamente al frente de la Comisión Federal de Electricidad. No satisfecho con ello, AMLO buscó – sin éxito- otorgar mayores competencias a la CFE, y con ello, ensalzar la figura y poder de Bartlett.

Como bien dice Héctor Aguilar Camín, al presidente AMLO no se le puede comprender. Por un lado, busca eliminar al INE “en búsqueda de democracia”, y por el otro, mantiene en la cima al hombre clave en los fraudes electorales de 1986 y 1988.