¿Qué movió a la presidenta Sheinbaum a proceder a la destrucción del Poder Judicial Federal y de la SCJN? Es más fácil responder si se entiende la motivación de Andrés Manuel López Obrador. La respuesta es la misma y tiene que ver no con un gobierno, sino con un régimen, el obradorista, que por igual aplica a Andrés Manuel que a Claudia Sheinbaum. El libro Reforma Judicial en México, Origen y Consecuencias, del ministro en retiro José Ramón Cossío, nos ofrece explicaciones sugerentes e interesantes.
Esta misma reflexión aplica a Morena, organización que no puede verse al margen del régimen al que dio origen. Semejante a lo que ocurrió con el PRI. Aunque el partido era instrumento del régimen, su relevancia le llevó a caracterizarlo, el del partido hegemónico. La esencia, si se puede decir así, no es el instrumento, sino la lógica del poder; para el caso del tricolor, la del presidencialismo autoritario; la de Morena, el caudillismo de Andrés Manuel López Obrador. La diferencia es relevante: en el tricolor su referencia es una institución y explica la supervivencia del régimen por más de medio siglo; en el caso del obradorismo, su eje es la persona, que anticipa que el régimen depende del caudillo -mismo caso del porfiriato-. Su caída representa la del conjunto.
Para Cossío el interés de la reforma no fue mejorar la justicia, sino atender las necesidades políticas del régimen a partir de una visión autoritaria del poder, es decir, su concentración en el presidente como único e indisputado titular de la representación popular. Esto se relaciona con la preocupación de los padres fundadores en norteamérica en sus deliberaciones sobre el régimen presidencialista: que el presidente se impusiera sobre el Legislativo y los estados al asumir la representación popular. Precisamente por tal consideración introdujo el sistema indirecto de elección presidencial, para impedir que el presidente invocara mandato derivado de la soberanía popular.
La hipótesis inicial de Cossío sobre las razones de la reforma judicial cambió o, más bien, se incorporaron otras de carácter estrictamente judicial y tienen que ver con la experiencia de Lula da Silva en Brasil al dejar la presidencia. Defenestrar a la totalidad del Poder Judicial fue con el propósito de conjurar una acción judicial que llevara a la situación de Lula: la cárcel. El proyecto transitó del rencor por las resoluciones judiciales en contra del gobierno, al interés por garantizar justicia penal a modo, impunidad.
Nuevamente, la lógica del poder no se limita a la persona, sino al régimen. La calculada impunidad no remite al presidente y a su círculo cercano, porque sus faltas no son de corte individual, parten de una motivación política. El financiamiento de Morena por el crimen no es un asunto del gobernador de Sinaloa ni del presidente López Obrador, entraña al conjunto del sistema porque, a diferencia de la corrupción, que es apropiación individualizada de recursos públicos, en este caso los dineros o recursos del crimen son para la operación política y para el fondeo de campañas por igual en Sinaloa, otros estados y en la elección federal concurrente.
La presidenta Sheinbaum cerró el círculo estructural de impunidad al momento en que aprobó la iniciativa de reforma judicial diseñada por su antecesor. Fijó su suerte no sólo a la de su antecesor, también al régimen y, como tal, su responsabilidad no es con él y su círculo cercano, sino con el conjunto. De esta manera se puede entender su intransigente protección a cualquier miembro relevante del régimen político. Se trata de la defensa de la estructura gobernante, no de una persona o un grupo. No hay individualización de responsabilidades; por tal consideración, el gobernador Rocha Moya afirma que no van por él, sino por todos, al igual que la presidenta Sheinbaum afirma que si entrega a Rocha vendrán por más y más. El tema no es una persona ni un grupo o partido, es un régimen político.
El problema que enfrenta el régimen carece de solución porque la acción que existencialmente le amenaza viene del exterior, no del país. La presidenta Sheinbaum puede resistir, el país no. Además, la confrontación extrema tiene sus límites. En todo caso, la pregunta no es si el gobierno de México resistirá la embestida judicial de EU, sino las consecuencias del enfrentamiento y, particularmente, la crisis que deviene justamente por la destrucción de la red institucional que daría cauce a una fractura de la estructura de poder.