LA POLÍTICA ES DE BRONCE
La pregunta parecía cerrada hace apenas unos meses: no, la elección judicial no debía moverse. Desde el gobierno federal se defendía con firmeza que empatarla con la elección intermedia de 2027 —diputados federales y comicios locales en 17 estados— generaría ahorros importantes y, sobre todo, elevaría la participación ciudadana. El argumento no era menor: en su primera fase de 2025, la elección judicial apenas logró convocar a cerca del 10% de la lista nominal, una cifra que encendió alertas sobre la legitimidad de un proceso que, en el papel, busca democratizar al Poder Judicial.
Sin embargo, en política, lo que ayer era certeza hoy puede convertirse en duda razonable. Algo cambió en las últimas semanas. Primero, desde la Cámara de Diputados y después desde el Senado, legisladores de Morena comenzaron a empujar una iniciativa con dos giros relevantes: modificar los criterios de selección de candidaturas judiciales y, sobre todo, trasladar la elección a 2028. No es un ajuste menor; es, en realidad, un reconocimiento implícito de que el diseño original podría no resistir la prueba de la realidad.
La propia Claudia Sheinbaum abrió la puerta a la revisión. En su conferencia matutina dejó en manos de la nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde, el análisis del tema a partir del 30 de abril. El mensaje es claro: el gobierno ya no descarta lo que antes rechazaba.
Y es que el riesgo de saturar el proceso electoral de 2027 es real. No se trata solo de sumar boletas; se trata de la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral, de la claridad para el votante y de la viabilidad política de un proceso que, por su propia naturaleza, es complejo. Elegir jueces, magistrados y ministros no es equivalente a elegir legisladores o alcaldes. Requiere información, deliberación y, sobre todo, tiempo.
Pretender que el ciudadano promedio procese, en una misma jornada, múltiples elecciones locales, federales y además una elección judicial con decenas —o cientos— de perfiles en disputa, suena más a voluntarismo que a estrategia institucional. Así lo han advertido consejeros electorales y así lo dicta el sentido común. No todo lo que es técnicamente posible es políticamente recomendable.
Postergar la elección judicial a 2028 sería, en este contexto, una decisión sensata. Implicaría, sí, un costo político para Morena y sus aliados. En el lenguaje coloquial, “tragarse un sapo”. Reconocer que el calendario original no era el óptimo no es fácil en un proyecto político que ha hecho de la convicción su principal bandera. Pero también sería una señal de madurez: ajustar antes de fracasar.
Además, el tiempo adicional permitiría corregir uno de los problemas de fondo: los criterios de selección de candidaturas. Si la boleta judicial no garantiza perfiles idóneos, con trayectoria y legitimidad, el riesgo no es solo de baja participación, sino de captura política del Poder Judicial por vías indirectas.
El reloj corre. La fecha límite para realizar reformas electorales es el 3 de junio. La primera gran prueba de la nueva consejera jurídica será precisamente esta: decidir si se mantiene la ruta original o se corrige el rumbo. No es una decisión técnica, es una decisión política con implicaciones institucionales de largo alcance.
En política, rectificar también es gobernar. Y en este caso, posponer podría ser la única forma de hacer viable lo que, de otra manera, corre el riesgo de nacer debilitado. Ya lo veremos.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.