Las copas mundiales de futbol y los juegos olímpicos operan como los grandes rituales paganos de la modernidad. No son solo competencias deportivas; son ferias de prestigio donde los Estados nacionales subastan su validación internacional. Para los países del sur global, estas vitrinas imponen una paradoja descarnada: la urgencia de suspender u ocultar su muy problemática realidad interna para proyectar en su lugar una simulación de modernidad.
Esta contradicción se ha puesto de manifiesto en México de forma nítida en dos momentos cumbre: en los previos y secuelas de las Olimpiadas de 1968, bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, y en la actual Copa Mundial de la FIFA 2026, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. En ambos casos, el régimen se ha visto apurado a ocultar las fracturas internas —hoy exponenciales en las cifras de homicidios y desapariciones— para montar una coreografía de unidad nacional, paz social y un mundo feliz. Sin embargo, este antifaz de normalidad tensiona la relación entre el poder y la disidencia, forzando la activación de narrativas estatales que deslegitiman y hasta criminalizan a la protesta bajo la premisa del interés nacional.
Enfrentada a las movilizaciones de los colectivos de madres buscadoras, al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la narrativa oficial de la presidenta Sheinbaum recurrió a una vieja argucia confiable del repertorio político estatal del viejo PRI: la deslegitimación de la protesta mediante la teoría del sabotaje. Si Díaz Ordaz veía en 1968 una “conjura comunista internacional” destinada a “manchar la imagen de México”, ahora la retórica contemporánea (la de Sheinbaum) sobre las protestas diagnosticó un montaje mediático con intereses “oscuros” donde “los extremos se juntan”, y hasta sembró sospechas sobre las madres buscadoras. La afirmación presidencial de que en el país “no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social” resuena con la misma contundencia simuladora de aquella pax priista que reducía la disidencia civil a un puñado de “agitadores” o a nada.
El análisis de las declaraciones emitidas en el arranque del torneo mundialista revela tres constantes sociopolíticas que conectan ideológicamente a Díaz Ordaz y a Sheinbaum Pardo a través de una misma matriz discursiva.
En primer lugar, opera el principio de sabotaje a la imagen país, donde la disidencia no es leída como una demanda orgánica, sino como un boicot. Díaz Ordaz acusó a los estudiantes de pretender sembrar caos para “manchar la imagen de México” en plena Guerra Fría. Cincuenta y ocho años después, Sheinbaum Pardo catalogó las protestas como un montaje mediático para fingir que hay caos en México: “Quieren dar una idea de que ‘hay caos’… justo en un evento internacional”.
En segundo término, se activa la teoría de la conspiración: Ninguno de los dos regímenes concede autonomía a la movilización. La “conjura comunista internacional” esgrimida sin pruebas por el diazordacismo encuentra su contraparte moderna en las tesis de Sheinbaum sobre la “unión de los extremos” y el “apoyo externo” ilegítimo. En 2026, la narrativa oficial vinculó discursivamente las tácticas radicales del “bloque negro” con incitaciones de empresarios de ultraderecha (específicamente Ricardo Salinas Pliego), y sembró sospechas sobre el financiamiento de los autobuses que trasladaron a colectivos de madres buscadoras desde el estado de Jalisco.
Finalmente, se ejecuta la minimización cuantitativa y cualitativa de la disidencia: La deslegitimación se apoya en la reducción del peso social del movimiento. Mientras el régimen del PRI en 1968 catalogaba al Consejo Nacional de Huelga como un sector aislado de “agitadores”, la administración de 2026 decretó que en el país “no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social”, reduciendo el impacto de las manifestaciones civiles al señalar que en los plantones nocturnos había más funcionarios de las comisiones de búsqueda que manifestantes. Más minimización cuantitativa de Sheinbaum cuando afirma que México es un mundo feliz, tal como si el infinito dolor de las madres buscadoras y sus más de 130,000 desparecidos no existieran, como si fueran una nada.
No obstante, existe una bifurcación operativa en la sofisticación del monopolio de la fuerza del Estado. Lo ocurrido en Tlatelolco fue la ejecución clásica de lo que el filósofo Giorgio Agamben define como el “Estado de excepción”: la suspensión del orden legal para aplicar una violencia letal con el fin de salvar la estabilidad. Díaz Ordaz asumió con orgullo haber cruzado esa línea de fuego. En contraste, la premisa de Sheinbaum (“No vamos a reprimir”) traslada la excepción al terreno tecnológico. El Plan Kukulkán para la Copa Mundial, con sus 99,338 efectivos de seguridad y su blindaje aéreo de cinco capas, no buscó la aniquilación física del disidente, sino su exclusión o invisibilización total. El cerco de la “Última Milla” y la inhibición de frecuencias para drones operaron como muros digitales. Así que el Estado de excepción de Agamben ya no se traduce en la eliminación física del cuerpo del disidente, sino en tratar de evitar que el disidente aparezca en las pantallas de la televisión y en las planas de la prensa globales.
Esta quirúrgica exclusión del régimen con los disidentes conecta directamente con la Necropolítica, de Achille Mbembe, que describe la capacidad del Estado para administrar cuáles vidas importan y cuáles pueden ser relegadas al olvido. Al minimizar las protestas de las madres buscadoras sugiriendo que en los plantones “había más compañeros de la Comisión de Búsqueda… que de los manifestantes" (si había pocos disidentes presentes, era por el mismo cerco policiaco), y al descalificar la legitimidad de los colectivos de Jalisco bajo la sospecha de financiamientos ajenos a sus causas, opera una sutil pero brutal violencia burocrática contra las víctimas de desaparición y homicidios y sus dolientes.
El punto de inflexión definitivo de este hilo conductor histórico entre Gustavo Díaz Ordaz y Claudia Sheinbaum se consolidó en la conferencia matutina del 12 de junio. Con una actitud marcadamente festiva y triunfalista, la presidenta Sheinbaum festejó el éxito de la inauguración recurriendo a la simulación absoluta: “La imagen al mundo de México es alegría, felicidad, el Cielito lindo... Eso fue lo que vio el mundo entero”. Al igual que Díaz Ordaz celebrando la paz olímpica tras la masacre, la mandataria eliminó de golpe y a capricho la realidad problemática del país para decretar que “el pueblo de México está contento”.
Las madres buscadoras, que cavan la tierra con sus manos, encarnaron esta vez la resistencia contra esa tentativa de borrado o exclusión institucional que está aplicando el régimen en estos momentos. Su irrupción en la periferia del Estadio Azteca no fue un boicot al futbol, tampoco fue un boicot a la nación, sino que fue un contrapoder estratégico: sabían que interponer sus cuerpos y las imágenes de sus desaparecidos frente a los reflectores mundiales era la única forma de quebrar el monopolio de la invisibilidad o exclusión estatal.
Para desgracia de Claudia Sheinbaum, y tal como predije en mi publicación de Facebook en este tema, la disidencia civil logró romper el cerco informativo del gobierno y no pasó desapercibida para la prensa internacional. Agencias y diarios extranjeros como El País, Reuters y The Guardian construyeron una cobertura dual que rompió el cerco informativo del gobierno. Mientras registraban la opulencia y frivolidad de la inauguración y el triunfo deportivo de México 2-0 sobre Sudáfrica, sus portadas mostraron las dos realidades del país: los tambores de las marchas compitiendo con las porras futbolísticas y los forcejeos civiles contra los escudos policiales en vialidades como Calzada de Tlalpan y la Avenida del Imán. Los corresponsales extranjeros expusieron que, a pesar del blindaje, la crisis humanitaria de más de 130,000 desaparecidos posee un peso histórico que ninguna fiesta deportiva consigue opacar.
La disidencia civil también rompió el cerco informativo del gobierno a través de las redes sociales. Fue por esto que, un día después de la apertura de la Copa Mundial, Claudia Sheinbaum arremetió en su “mañanera” contra las redes sociales, particularmente contra la plataforma X, calificándola de “realidad virtual” habitada por bots y mentiras que nada tienen que ver con el México real. Esta deslegitimación no es fortuita; es otra constante sociopolítica moderna donde el poder fiscaliza el entorno digital porque sabe que es el único espacio donde los cercos de la “Última Milla” no pueden contener los cuerpos y donde la disidencia se vuelve indomablemente visible.
El saldo económico de la inauguración terminó por redondear este modelo de exclusión. Mientras las cifras macroeconómicas celebraban derramas multimillonarias, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó que el 70% de las MiPyMEs del sur y centro de la capital quedaron marginadas del beneficio por los cercos metálicos que asfixiaron calles como Tacuba y Donceles. Paralizados por el temor a multas de hasta 28 millones de pesos impuestas por la FIFA para quienes transmitieran los partidos sin pagar derechos corporativos directos, muchos restaurantes de barrio operaron con las mesas vacías. En suma, el megaevento devoró las dinámicas comunitarias para alimentar el monopolio de sus patrocinadores.
La conclusión de esta jornada inaugural deja una lección profunda sobre la evolución del autoritarismo en las democracias globales, donde la FIFA opera ya como un actor político supranacional. El organismo internacional forzó al Estado mexicano a activar “zonas limpias” libres de proclamas políticas, lavándose las manos bajo una retórica de neutralidad hermética, ejemplificada por Gianni Infantino al evadir las protestas apelando cínicamente a “la magia del balón”.
El Estado mexicano demostró una aceptable eficacia técnica para cumplir las demandas de la FIFA: protegió el espectáculo y salvaguardó la transmisión televisiva. No fue una operación perfecta, porque ya hemos dicho que el cerco informativo fue roto por la disidencia civil en cierto grado. Pero el costo de esa vitrina inmaculada es el perfeccionamiento de una maquinaria del poder de simulación y represión y más tensión social. La estrategia “democrática” ha cambiado, pero la prioridad del Estado en México sigue siendo la misma que en tiempos de Díaz Ordaz. En 1968, el régimen autoritario silenció la protesta con balas; en 2026, la administración de Sheinbaum la contiene con algoritmos, logística y perímetros de exclusión que prefiguran los prolegómenos de un sofisticado Estado policiaco. El objetivo final permanece inalterado: que el mundo observe un rostro falso de unidad y felicidad pare el mejor postor, mientras que el descontento de los disidentes y el infinito dolor de las víctimas de la violencia se quedan afuera, a oscuras, detrás de las vallas, invisibles.