La presidenta Claudia Sheinbaum, seguida por prácticamente la totalidad del obradorismo, desde políticos de alto nivel hasta simpatizantes en las redes sociales, han recurrido una y otra vez al discurso de la defensa de la soberanía como elemento con dos objetivos: distraer la atención mediática ante los escándalos de corrupción y lazos con el crimen organizado de los morenistas, y como pretexto para justificar la inacción del Estado mexicano.
Todo empezó con Rubén Rocha. A pesar de que el Departamento de Justicia presentó, de acuerdo a lo que establece el tratado de extradición bilateral, la solicitud de detención del gobernador de Sinaloa con fines de extradición, la presidenta mexicana le defendió desde un primer momento, y habló interminablemente de pruebas y pruebas, al tiempo que siempre ha sabido que no había llegado aún el momento procesal para que el gobierno estadounidense las expusiera en su totalidad.
Los voceros también han repetido consistentemente, y la propia Sheinbaum lo expresó a viva voz en aquel mitin en el Monumento a la Revolución, que todo respondía a una estrategia de Estados Unidos para “desestabilizar” a los gobiernos autoproclamados progresistas. Lo han hecho, debe reconocerse, con ciertos elementos de verdad, pues las declaraciones de Trump y los hechos que tuvieron lugar en Venezuela cuando Nicolás Maduro fue violentamente aprehendido revelan efectivamente las intenciones de Washington.
Sin embargo, en el caso mexicano, la situación es distinta. Los lazos de Rocha con el Cártel de Sinaloa han sido documentados por diversos medios de comunicación y por testigos presenciales en la entidad.
Más recientemente, en relación con el caso de la revocación de la visa de Andrés López Beltrán, las sospechas de corrupción que se han lanzado en su contra han sido documentadas por Mexicanos contra la Corrupción y medios como El País. Se ha hecho mención de la operación de importación ilegal de combustible dirigida por empresas texanas ligadas a sujetos cercanos al hijo del expresidente.
De igual manera, estos “amigos” de la familia de AMLO habrían estado involucrados en la obtención de contratos por adjudicación directa relacionados con Dos Bocas, a la vez que otra investigación de MCCI apunta hacia otro hombre, de apellido Casasús, ligado a empresas vinculadas con Hernán Bermúdez Requena en Tabasco.
Si bien, como se ha mencionado, las investigaciones no señalan a López Beltrán como actor principal en la trama de corrupción, sí que establecen sus relaciones personales con individuos que sí habrían estado directamente involcurados en las distintas operaciones, desde los contratos millonarios hasta la red de huachicol fiscal operada desde Texas.
En suma, la revocación de la visa de Andrés no ha sido más que otra pieza de un entramado que, lejos de tener que ver con la “soberanía” debería ser investigado por el Estado mexicano. ¿Cúanto tiempo podrá sostenerse el discurso de la supuesta soberanía amenazada? ¿Qué otra evidencia podría hacer virar las acciones de la presidenta Sheinbaum para investigar a estos presuntos criminales, y si procede, llevarles frente a la justicia?