Las consultas ciudadanas no se miden por la cantidad de personas que asisten, sino por la cantidad de decisiones que logran cambiar.
Este 13 de julio de 2026, arrancaron los foros ciudadanos para definir proyectos de agua potable, vialidades seguras e infraestructura de seguridad en Mérida y su zona metropolitana.
Y eso me llevó a hacerme una pregunta: ¿estamos frente a un verdadero ejercicio de consulta o ante un mecanismo para validar decisiones que ya fueron tomadas?
No lo afirmo. Tampoco lo descarto. Lo que digo es que esa será la verdadera prueba de estos foros. México ya tiene antecedentes de consultas cuya legitimidad fue cuestionada, no necesariamente por el resultado, sino por la forma en que fueron organizadas.
Ahí está el caso de la consulta sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), donde el debate no giró únicamente en torno al desenlace, sino también a las críticas sobre la representatividad del ejercicio.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción señaló irregularidades como municipios excluidos sin justificación, otros sobrerrepresentados y una distribución cuestionable de las mesas de votación.
Desde entonces quedó instalada una pregunta que sigue vigente: ¿se consulta para decidir o se consulta para legitimar? No creo que ambos casos sean iguales. Sería irresponsable afirmarlo.
Sin embargo, sí creo que toda consulta pública debe superar la misma prueba: demostrar que la opinión de la ciudadanía tuvo un impacto real en la decisión final.
Por eso, más allá de la convocatoria y de la participación que puedan tener estos foros, el verdadero reto del gobierno del estado comenzará cuando llegue el momento de tomar decisiones. Será entonces cuando los ciudadanos debamos conocer qué propuestas fueron escuchadas, cuáles se incorporarán al proyecto, cuáles fueron descartadas y, sobre todo, por qué.
Esta no pretende ser una crítica al gobierno encabezado por Joaquín Díaz Mena. Al contrario, considero positivo que se abran espacios para escuchar a la ciudadanía. Lo que no sería positivo es que esos espacios terminaran convirtiéndose únicamente en una forma de legitimar una decisión previamente definida.
Hoy el gobierno del estado tiene una oportunidad importante: demostrar que la participación ciudadana no es un requisito administrativo ni una estrategia de comunicación, sino una herramienta para construir mejores decisiones públicas.
La confianza de la ciudadanía se gana cuando las autoridades no solo escuchan, sino que también explican cómo esa voz influyó en el resultado final. Y esa responsabilidad también recae en nosotros como ciudadanos.
Participar no puede ser una exigencia que hagamos únicamente cuando no estamos de acuerdo con una decisión. Si queremos que nuestra opinión sea tomada en cuenta, primero debemos expresarla.
Basta recordar la consulta popular de 2021. Aunque más del 97% de quienes participaron votó a favor de la propuesta, únicamente acudió el 7.11% de la lista nominal.
Al no alcanzarse el 40% de participación que exige la Constitución para que una consulta sea vinculante, el resultado no tuvo efectos legales.
La lección es clara: una ciudadanía que no participa difícilmente puede exigir que su voz tenga peso.
Por eso, más allá de cualquier postura política, vale la pena acudir, participar y opinar. Después vendrá la parte más importante: exigir cuentas.
Porque las consultas no valen por el número de foros que organizan ni por la cantidad de personas que asisten. Valen por una sola cosa: porque cambian decisiones. Si no cambian nada, entonces nunca fueron una consulta; solo fueron una legitimación.