Según ha informado la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta de reforma electoral en su versión final será presentada el lunes. Sin embargo, como se sabe, se ha adelantado un esbozo que contiene elementos tales como aquellos relacionados con la supresión de los plurinominales en el Senado y un nuevo diseño de elección de los 200 diputados de representación proporcional.
A reserva de conocer los detalles del documento, difícilmente puede anticiparse una reforma en sentido democrático. En primer lugar, el origen. La comisión encargada de la elaboración de la propuesta ha sido dirigida por Pablo Gómez y ha reunido a otros personajes de la clase política como Arturo Zaldívar, Rosa Isela Rodríguez, Ernestina Godoy, Jesus Ramírez Cuevas (sí, el hombre hoy señalado por actos de corrupción por su excolega morenista), Lázaro Cárdenas y José Merino. Es decir, todos los miembros de esta comisión son hombres y mujeres cercanos al morenismo y cuentan con la simpatía de la presidenta Sheinbaum.
¿Cómo puede anticiparse una reforma democrática cuando todos los miembros de la comisión son miembros de la élite gobernante? ¿O cuándo no participa ni un solo especialista en materia electoral o miembro de la oposición, o cuando se ha visto que todas las iniciativas surgidas del obradorismo han tenido la clarísima tendencia a buscar la reducción de la participación de las minorías a pesar de que estas cuentan con un buen respaldo ciudadano?
La ciencia política moderna ha demostrado que el poder no se autocontiene. Por el contrario, tiende a expandirse hasta los límites permisibles. Sin embargo, para controlarlo, los Estados construyen instituciones dirigidas a paliar las deficiencias y a poner un alto ante posibles abusos cometidos por el gobierno. Una vez que estas instituciones han sido demolidas, el avance autoritario tiene lugar, controla y domina.
En suma, la reforma electoral que se viene no augura la garantía de una mayor participación ciudadana, y mucho menos, de un avance en términos de representación. Por el contrario, se teme que no sea más que otro paso hacia la consolidación de un régimen de partido hegemónico cuya consecuencia será el debilitamiento de las autoridades electorales y la distorsión aun mayor de la competencia en favor del partido oficial, y con ello, el aseguramiento de su permanencia en el poder.