La caída de la alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Janette Chíu López, y la destitución de funcionarios municipales de Ocozocoautla no representan únicamente un episodio más de corrupción local. Son, en realidad, el síntoma de una enfermedad política mucho más profunda: la degradación del poder público en los municipios y la normalización de prácticas mafiosas bajo el cobijo de la impunidad.
Durante años, los partidos políticos vendieron la idea de que la alternancia resolvería los viejos vicios del sistema. Morena llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción “de arriba hacia abajo”, pero la realidad en muchos municipios del país demuestra que el problema no desapareció; simplemente cambió de colores y de protagonistas.
Lo ocurrido en Chiapas es gravísimo por varias razones. Primero, porque las acusaciones no hablan de errores administrativos menores, sino de presuntos actos de extorsión agravada: funcionarios utilizando el cargo para exigir pagos indebidos y condicionar obras públicas o inversiones privadas. Es decir, el poder municipal convertido en una caja de cobro.
Segundo, porque el hermetismo con el que actuó el Congreso local deja más preguntas que respuestas. Una sesión convocada desde la mañana y arrancada hasta horas después, diputados admitiendo desconocer la orden del día y un ambiente de total opacidad revelan que, incluso en momentos de alta relevancia institucional, la política sigue manejándose entre acuerdos de pasillo y decisiones cocinadas en lo oscurito.
Y tercero, porque este caso desnuda una realidad incómoda para Morena en Chiapas: el partido gobierna muchos municipios, pero no necesariamente controla la conducta de quienes postula. La improvisación política y el reciclaje de perfiles cuestionables están pasando factura. El discurso anticorrupción pierde fuerza cuando alcaldes emanados del propio movimiento terminan bajo investigación penal apenas meses después de asumir funciones.
La rapidez con la que se aprobó el desafuero también merece análisis. En México, históricamente el fuero ha funcionado como un blindaje político casi impenetrable. Por eso llama la atención que el Congreso haya actuado con tanta contundencia. ¿Estamos frente a un verdadero combate a la corrupción o ante una operación política cuidadosamente calculada? La pregunta es inevitable, sobre todo, en un estado donde las disputas internas por el control territorial y político son intensas.
Porque en política pocas veces existen decisiones inocentes. Cuando un gobierno decide exhibir y derribar públicamente a sus propios cuadros, normalmente busca enviar un mensaje. El problema es que ese mensaje puede interpretarse de dos maneras: como una señal de que nadie está por encima de la ley o como una advertencia de quién tiene realmente el control del tablero.
Mientras tanto, la ciudadanía vuelve a quedar atrapada entre discursos y escándalos. Los municipios afectados seguirán enfrentando rezagos, obras detenidas y gobiernos fracturados. Al final, quienes pagan las consecuencias no son los grupos políticos, sino los ciudadanos que confiaron en autoridades que prometieron transformación y terminaron reproduciendo las mismas prácticas que juraron combatir.
La detención de la exalcaldesa y de funcionarias municipales podría marcar un precedente importante en Chiapas, siempre y cuando las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y no se conviertan únicamente en un espectáculo mediático momentáneo. Porque si la justicia se aplica selectivamente, entonces no hay transformación: solo hay administración del poder.
Y esa es la verdadera tragedia política del país. México no necesita más gobiernos expertos en narrativa; necesita instituciones capaces de castigar la corrupción sin importar el partido, el apellido o el grupo político al que pertenezcan los responsables.