La mañana del sábado 22 de junio, las oficinas de la organización feminista Equis Justicia para las Mujeres, en la Ciudad de México, fueron violentamente allanadas. No se trató de un hecho fortuito aunque en el comunicado de la organización se plantea la línea de investigación de un robo común. Lo sucedido constituye una alerta grave sobre el nivel de riesgo que enfrentan quienes, desde la sociedad civil, defienden derechos y acompañan procesos jurídicos de mujeres que han sido víctimas de violencia.
Esta agrupación emitió recientemente un informe sombra sobre la falta de datos para el acceso a la justicia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans para el Comité de la CEDAW y junto con otras organizaciones como Oxfam e Intersecta, ofrecieron otro reporte sombra sobre discriminación igualmente para el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Según el comunicado de la organización, el ingreso forzado, el robo selectivo de equipo de trabajo y documentos, así como la naturaleza del espacio atacado, permiten sostener que el hecho no puede entenderse como un incidente aislado. Los autores de este crimen se llevaron equipos con información confidencial y sensible qué permiten hacernos pensar que este allanamiento es, en sí mismo, una forma de violencia contra quienes han construido una trayectoria jurídica sólida en favor de la justicia con perspectiva de género.
Como una especie de censura o mensaje que advierte hacia el activismo, que hay ojos observando hasta el litigio más fino y hacia las integrantes de aquella organización que no hay casualidades.
Desde aquí expreso mi solidaridad total con Fátima Gamboa, directora de Equis Justicia, y con todo su equipo. Fátima ha sido una voz clave en la construcción de un litigio estratégico feminista en México. A través de su liderazgo, Equis ha logrado visibilizar casos emblemáticos, señalar las omisiones del aparato judicial y brindar acompañamiento legal a mujeres en contextos de altísima vulnerabilidad.
Por ello, la agresión a su sede también es una amenaza para las víctimas a quienes representan. Mujeres que han puesto su confianza en esta organización para avanzar en procesos legales complejos y sensibles, muchas veces contra funcionarios, instituciones o estructuras de poder.
Ante estos hechos, la respuesta del Estado no puede ser tibia ni quedar en puntos suspensivos, comenzando por la urgente necesidad de que haya medidas de protección tanto para las beneficiarias de forma extensiva a las mujeres que no habitan en esta ciudad.
A la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México le corresponde abrir todas las líneas de investigación posibles, incluida aquella que relacione este ataque con el trabajo jurídico, político, social y simbólico que Equis Justicia realiza. En este caso, la perspectiva de género no debe ser un enfoque decorativo, sino el centro mismo de la investigación.
Además, tanto el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de la Ciudad de México deben garantizar medidas urgentes de protección, no sólo para las colaboradoras de la organización, sino también para las mujeres cuyas vidas y procesos jurídicos podrían verse comprometidos tras esta irrupción.
Lo ocurrido representa un punto de quiebre. Si el Estado permite que este tipo de agresiones queden sin consecuencias, se institucionaliza un mensaje de permisividad frente a la violencia contra quienes trabajan por la justicia. Se consagra, en los hechos, una política de impunidad para quienes atacan a defensoras y abogadas de derechos humanos.
Acompaño las exigencias de una investigación completa y sin simulaciones. Exigimos garantías para que organizaciones como Equis Justicia puedan seguir existiendo y ejerciendo su labor sin amenazas. Porque si defender los derechos de las mujeres se convierte en una actividad de alto riesgo, entonces estamos más lejos del Estado de derecho de lo que nos atrevemos a admitir.