Columna Incómoda. Qué hacer con la movilización social

Quedan menos de cinco meses para que concluya el sexenio de Felipe Calderón. Queda un mes exacto para que el Tribunal Electoral falle sobre la elección presidencial. A diferencia de procesos anteriores, como en 1988-1989 o 2006-2007, este 2012 no tiene la misma dosis de inconformidad social en las calles ni son las denuncias del Movimiento Progresista los temas de debate en las reuniones sociales o académicas. Eso sí, hay demasiada violencia verbal e intolerancia en algunos grupos y actores que se manifiestan –por ahora- en las redes sociales y en algunas protestas callejeras. Desde mi punto de vista lo que ha dado aún vida a la protesta lopezobradorista es el movimiento #YoSoy132, que tardíamente decidió salir de la Ciudad de México y comenzar a realizar asambleas en otras universidades.

Por lo demás, desde mi óptica, estas protestas del #YoSoy132 están apenas construyendo a un nuevo actor, que quizá termine alejándose de los partidos políticos y del propio Andrés Manuel López Obrador, quien sigue encerrado en un discurso y una actitud inexplicable para canalizar la fuerza de los jóvenes estudiantes. Es decir, no ha dado la mano amiga, una oferta política concreta ni una estrategia a seguir para caminar junto a ellos. En pocas palabras, lo están rebasando a él y a su movimiento, que es meramente electoral, el 132 tiende a transformarse en un gran polo para atraer el descontento social.

Para el próximo gobierno, este nuevo movimiento será con el que tendrá que lidiar con mayor delicadeza. No es para menos, porque esta nueva expresión social representará el grado de inconformidad antisistémica, no por la elección presidencial y las mañas de todos conocidos, sino por la desigualdad social de México, producto de más de casi un cuarto de siglo, así como la ausencia de una distribución justa de la riqueza y las políticas de empleo excluyentes hacia los sectores más vulnerables.

En cuanto a desigualdad social, estamos entre las naciones con mayores desequilibrios, superados incluso por países africanos. Apenas 10% de la población concentra 40% del ingreso nacional.

En materia de competitividad económica, México continúa a la baja, a pesar de lo que diga el discurso oficial, estamos en la misma franja de los países que menos incentivan su economía, al lado de Irak, Irán, Venezuela y Bolivia. Con una actitud contraria y según informes de la misma CEPAL, otros países sí destacaron como Brasil, Chile, Costa Rica y Panamá.

El nivel de la educación pública sigue por los suelos: 13% de la población no está matriculada y México ocupa el penúltimo lugar en educación básica entre los países de la OCDE. La UNAM es la excepción por estar ubicada en el ranking mundial. Una buena parte de la oferta pública y privada de educación superior resulta un verdadero fraude por producir egresados poca calificados.

La demanda de empleo y la migración a los Estados Unidos van a la alza a pesar de la crisis. Las remesas el año pasado llegaron a superar el ingreso por turismo y casi empatan con los recursos petroleros. Bien lo describió el entonces embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza; nuestro país depende de los ingresos petroleros, de las remesas y, lo peor, de los ingresos que genera el narcotráfico.

Si a lo anterior se suman los errores gubernamentales en la construcción de proyectos de desarrollo, la repetición de viejos esquemas de exclusión y corrupción, así como dirigentes políticos que polarizan a la sociedad, entonces la mezcla es explosiva.

Por ello, cabe preguntar, ¿Qué planes tendrán los señores legisladores para atender este grave problema? ¿Qué políticas públicas diseñará el próximo equipo de gobierno para evitar que los movimientos sociales escalen y terminen explotándole en las manos?

Realmente todo es una gran incógnita. Por eso, el siguiente recorrido de cómo resolvieron los gobiernos sus propias crisis sociales:

Entre 1988 y 1989, la efervescencia cívica provocada del Frente Democrático Nacional y la defensa del supuesto triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, pusieron en alerta al sistema. La estabilidad interna del país estuvo realmente en peligro, pues diversos grupos actuaron de manera independiente y tendían a radicalizarse. La imagen en el exterior del nuevo mandatario era sumamente negativa y se especulaba sobre su continuidad, incluso en los mismos Estados Unidos. La elección controvertida produjo una ilegitimidad de origen al Presidente Salinas.

La salida implantada por el mandatario fue en dos sentidos: a nivel Legislativo y político partidista, una alianza histórica e inusual con la derecha panista; a nivel social, la adopción de un modelo autogestivo diseñado y operado por intelectuales de la izquierda progresista. De este modo, Salinas impulsó las primeras reformas económicas, sentó las bases para una reforma política más moderna y permitió, por primera vez, la alternancia de poderes estatales con los panistas. A su vez, con sus aliados izquierdistas desplegó la más importante política social conocida en nuestro país: el Programa Nacional de Solidaridad, cuya filosofía sigue vigente hoy en día a través de Oportunidades. La combinación de ambos elementos –más dos o tres golpes espectaculares— revirtió la crisis de legitimidad y le permitió tener una amplia y alta aceptación social, la cual se confirmó en el aplastante triunfo electoral del PRI en 1991.

Con Ernesto Zedillo también se vivieron momentos de incertidumbre, luego de la mayor crisis económica que haya sufrido el país. El “error de diciembre” (1994) tuvo efectos sociales muy negativos a lo largo de 1995: una escalada de violencia con asaltos y secuestros; desempleo, suicidios y crispación social, acompañados de una oleada de rumores de todo tipo [el más alarmista fue, sin duda, el de un golpe de Estado]. Aunado a lo anterior, su confrontación con Salinas pareció llevar a la clase política priísta a la mayor de sus divisiones y casi a colapsar el sistema. Para evitar el desbordamiento social, Zedillo mantuvo la alianza con el PAN para continuar con las reformas económicas, pero no se cerró a operar acuerdos con el PRD, como finalmente sucedió.

En la transición, el régimen foxista buscó un ejercicio propio y diferenciado del poder, pero los conflictos y las lecturas equivocadas obligaron a su gobierno a operar la toma de decisiones con la estructura del viejo sistema. Además, lo hizo de manera tan burda, que dejó entrever que en el país impera la incertidumbre política y legal. Esto es fiel reflejo una debilidad institucional del Estado (considerando a los tres Poderes de la Unión) y de la ineficacia de un proyecto de transición.

La forma de operación del conflicto en San Salvador Atenco –punto de partida de esta serie de eventos— no fue nueva. Se trató de las viejas fórmulas de presión que lo mismo han servido para el EZLN, el CGH y el EPR. En este tenor, las réplicas del “síndrome Atenco” revelaron que el gobierno foxista no preparó una respuesta u oferta sólida para las organizaciones sociales radicales, ni un plan acción para abatir las movilizaciones.

Con Felipe Calderón, simplemente se dio juego a la simulación del “no reconocimiento” porque detrás de todo ello, tanto en el PRI como en las izquierdas hubo margen para maniobrar políticamente y evitar que el 2010 se convirtiera en el pretexto para una nueva revolución. No ocurrió nada, a pesar de que había mentes calenturientas esperando la señal.

Pero habría que considerar otro factor: la guerra contra el narcotráfico, la violencia generada por los cárteles de la droga y los síntomas de un “Estado fallido” y probablemente la militarización, quizá habrían influido para que la efervescencia social escalara y pusiera en riesgo al régimen calderonista. Estas dudas se habrán de despejar próximamente, cuando se haga el juicio histórico a todos los actores.

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