Hay momentos en los que resulta demasiado fácil responsabilizar de todo a una sola persona. En Campeche, esa persona es Layda Sansores. Es la gobernadora, encabeza el Poder Ejecutivo y, naturalmente, debe responder políticamente por lo que ocurre en el estado.
Pero reducir el desastre social que vive Campeche exclusivamente a ella sería simplificar demasiado el problema. Porque el problema de Campeche no es solamente Layda. El problema son quienes gobiernan con ella, quienes administran, quienes toman decisiones, quienes ocupan cargos sin ofrecer resultados y quienes han convertido la confrontación política en sustituto de la eficacia gubernamental.
Campeche parece haber perdido el rumbo. Basta recorrer sus calles, hablar con empresarios, comerciantes, ciudadanos y trabajadores para encontrarse con una sensación que se repite: las cosas no están bien.
Hay inconformidad, incertidumbre y, sobre todo, cansancio. Una entidad con enormes posibilidades económicas no debería transmitir una percepción permanente de estancamiento.
Campeche tiene petróleo, una posición geográfica privilegiada, riqueza cultural, patrimonio histórico, recursos naturales extraordinarios y posibilidades importantes en turismo, logística, energía y desarrollo regional. Tiene, además, una población relativamente pequeña que debería permitir una administración pública mucho más cercana y eficiente.
Entonces, ¿qué salió mal? La respuesta no puede limitarse a Palacio de Gobierno. Gobernar es construir equipos. Y cuando un gobierno falla de manera sistemática también hay que observar a secretarios, funcionarios, operadores políticos, legisladores y autoridades municipales. Hay que revisar quién toma las decisiones y, especialmente, quién responde cuando esas decisiones salen mal.
Porque uno de los grandes problemas de nuestra política es que los funcionarios disfrutan colectivamente del poder, pero cuando llegan los costos pretenden que la responsabilidad sea individual. No funciona así. Quienes forman parte de un gobierno también son responsables de sus resultados. Y Campeche necesita resultados, no discursos.
La confrontación permanente tampoco resuelve los problemas cotidianos de la gente. Las disputas políticas pueden generar titulares, videos virales o aplausos entre simpatizantes, pero no generan empleos, no reparan calles, no atraen inversiones, no mejoran hospitales ni garantizan mejores servicios públicos.
Un gobierno puede ganar todas las discusiones en las redes sociales y, al mismo tiempo, perder la confianza de sus ciudadanos. Ese parece ser uno de los mayores riesgos en Campeche.
Hay además otro asunto que no puede ignorarse: la economía. Durante décadas el estado dependió enormemente de la actividad petrolera. La transformación de ese modelo exigía visión, planeación y capacidad para diversificar la economía. Turismo, agroindustria, logística, infraestructura y nuevas inversiones tendrían que convertirse en motores capaces de ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones.
No basta con administrar lo existente. Hay que construir lo que sigue. Y para conseguirlo se necesita certeza. El inversionista necesita reglas claras. El empresario local necesita condiciones para crecer. El pequeño comerciante necesita seguridad y servicios. Los jóvenes necesitan oportunidades para no tener que abandonar su estado buscando mejores posibilidades. Cuando ninguna de esas expectativas encuentra respuesta suficiente, aparece la frustración.
Por eso sería un error convertir cualquier crítica a Campeche en una discusión exclusivamente partidista. Esto no se trata de Morena contra la oposición. Se trata de gobierno contra resultados. Y tampoco significa que todo lo ocurrido antes haya sido bueno.
Campeche arrastra problemas de administraciones anteriores, prácticas políticas profundamente arraigadas y una dependencia económica que no comenzó con el actual gobierno. Pero quien gobierna recibe también la obligación de corregir. Para eso se pide el voto.
Layda Sansores deberá rendir cuentas por su administración cuando llegue el momento. La historia determinará cuáles fueron sus aciertos y cuáles sus errores. Pero alrededor de ella existe todo un aparato político y administrativo que tampoco puede esconderse. Secretarios que no funcionan deben ser sustituidos.
Funcionarios que no resuelven deben dejar sus cargos. Autoridades que cometan irregularidades deben enfrentar consecuencias. Y quienes ocupan responsabilidades públicas deben entender que gobernar no consiste únicamente en defender un proyecto político. Consiste en resolver problemas.
Campeche necesita menos confrontación y más administración; menos propaganda y más resultados; menos explicaciones y más soluciones. Porque cuando todo funciona mal, difícilmente puede existir un único responsable.
El problema no es solamente Layda Sansores. El problema es una forma de gobernar que parece haber olvidado que detrás de cada decisión política existe una sociedad que necesita seguridad, empleo, inversión, servicios públicos y esperanza. Y hoy, para demasiados campechanos, la sensación es exactamente la contraria. Campeche merece mucho más.