A más de once años de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, el caso Ayotzinapa sigue siendo la herida abierta más profunda del Estado mexicano. Simboliza un patrón de desapariciones en el que no hay certeza sobre los mecanismos que se entrelazan detrás de las verdades oficiales entre autoridades y criminales que con el paso del tiempo, se ha repetido y amplificado. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y lo que el paso del tiempo ha ido revelando es que este caso tal vez es el primero que documenta una colaboración criminal-institucional inaceptable junto a la persistencia del encubrimiento, la resistencia institucional a transparentar información clave y la fragilidad de los compromisos oficiales con la verdad.
Tengo la teoría de que la participación y colaboración militar es lo suficientemente grave para afectar nuestra radiografía institucional del ejército al punto que para el presidente López Obrador fue mejor cerrar el tema sin más. Con la promesa y la esperanza para las familias y con la silenciosa certeza de que la verdad no podría saberse porque de saberse, brindaríamos demasiados elementos para que jurisdicciones ambiciosas y hambrientas, especialmente la norteamericana, encontrara pretextos para intervenir. Solo así se explica el sacrificio del caso más emblemático que fuese clave para la fortaleza de su movimiento.
En ese contexto, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar 853 folios militares generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia con sede en Iguala. Documentos que, durante años, han sido exigidos por las familias y cuya existencia fue negada o minimizada por las autoridades castrenses. Desde el inicio de la investigación, la actuación del ejército ha estado bajo escrutinio y durante varios meses, fue cuestionada la postura oficial por haber abandonado la exigencia de las víctimas años después de encarnar el Estado.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó comunicaciones internas del ejército que daban cuenta del seguimiento a los estudiantes antes, durante y después de los hechos en Iguala. Sin embargo, los archivos entregados estaban incompletos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también señaló que el avance del caso se había visto obstaculizado por la falta de cooperación plena de la Sedena.
Ante esta resolución, en un comunicado firmado por organizaciones como Serapaz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh destaca la obligatoriedad de esta resolución judicial y la enorme relevancia.
El propio fallo reconoce que la discontinuidad en los archivos no prueba su inexistencia, sino que es indicio de que la información existe y debe entregarse. En otras palabras que la ausencia de papeles no es casualidad, es señal de ocultamiento.
Frente a la parálisis de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ) y el estancamiento de las indagatorias, las madres y padres tuvieron que recurrir nuevamente a la justicia federal. No es menor pensando en que este gobierno creó mesas de justicia y varios mecanismos para descubrir la verdad pero son las víctimas quienes, una vez más, empujan al Estado a cumplir con sus obligaciones más elementales.
Especialmente esta, que fue compromiso de campaña y causa moral autoimpuesta por la cuarta transformación.
La resolución judicial no solo ordena la entrega de los folios faltantes. También establece que esa información no puede clasificarse como confidencial o secreta cuando está en juego el derecho a la verdad. Es un precedente fundamental de que en casos de graves violaciones a derechos humanos, la seguridad nacional no puede convertirse en coartada para la opacidad.
Más si los criterios o parámetros del concepto de “seguridad nacional” no son claros ni proporcionales o justificados.
Tomar postura en este momento implica reconocer que la lucha de las familias y de las organizaciones de la sociedad civil ha sido indispensable para mantener vivo el caso, también que en juego están otros casos menos visibles que involucran a las fuerzas armadas. Sin su insistencia, sin la documentación rigurosa del GIEI, sin la presión internacional y sin los litigios estratégicos impulsados por organizaciones especializadas, el expediente estaría ya sepultado bajo toneladas de archivos incompletos y discursos oficiales.
Estar del lado de las víctimas es una posición ética y democrática, pues la desaparición forzada ya es más grave que otros delitos contra la vida, su estadística sigue en debate. Significa afirmar que el derecho a la verdad no prescribe y que negar la verdad no la elimina, que la transparencia no es concesión sino obligación, y que el ejército, como cualquier otra institución del Estado, debe rendir cuentas cuando hay indicios de responsabilidad o de ocultamiento.
La orden judicial es una victoria parcial, pero no definitiva. La entrega de 853 folios no garantiza por sí sola el esclarecimiento del caso. Sin embargo, envía un mensaje poderoso sobre la propia naturaleza cuestionada del nuevo Poder Judicial demostrando que la verdad no puede archivarse indefinidamente y que no hay lugar para interpretaciones reduccionistas sobre la autonomía de aquel poder. Cada documento retenido es un obstáculo para la justicia y cada página entregada es un paso hacia la reconstrucción de lo ocurrido, pero los juzgadores siguen teniendo parte en el juego.
Ayotzinapa es una prueba permanente sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar sus propias sombras pero peor aún, es la prueba del tamaño de la falla y del reto, de eso que está no resuelto que es la desaparición forzada pues recordemos ante omisiones o acciones confirmadas por parte del Estado, uno de los principios básicos es la garantía de no repetición. Asumir responsabilidades frente a víctimas y garantizar que no se repetirá ni para los familiares de víctimas ni para la sociedad en general es el punto de partida y en ello, el Estado ha fallado. En esa prueba también, la sociedad civil y las familias han demostrado una lección que las instituciones todavía parecen resistirse a aprender: la verdad no es negociable ni relativa.