El pasado 3 de febrero conmemoramos 83 años de la existencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, momento oportuno para recordar que la historia de un país debe poderse reconstruir con base en sus archivos y registros. Por ende, la existencia y homogénea organización, conservación, administración y preservación de tales elementos, es fundamental. Los archivos públicos deben ser fuente de certezas acerca de los eventos y consecuencias relacionados con el ejercicio del poder público. La escritura trajo consigo el registro y este la necesidad de su conservación, así como su poder de prueba y evidencia de la actividad humana.
En ese sentido, los archivos deben reflejar la verdad con la que se relacionan en un modo sustancial, así como con el derecho de acceder a ella; no como versión única, sino como la construcción colectiva que es.
Porque los archivos, la memoria de un país y su historia son construcciones sociales plurales y el producto de la experiencia humana compartida. Son el resultado de la incidencia de una diversidad de instituciones y agentes que conservaron registros en forma de papeles, imágenes de un tiempo, un lugar y también de sus actores. Son reflejo de muchas voluntades dirigidas a preservar lo ocurrido, así como de luchas y cambios sociales profundos que para su debida visibilización y reconocimiento legítimo precisan que hagamos accesibles y dotemos de utilidad a esos vestigios, haciéndonos cargo de su valor social e histórico para nuestra sociedad y su desarrollo en el tiempo.
La riqueza de los archivos, por contradictorio que pudiere parecer de inicio, radica en que nada de lo que se archiva en lo privado o en lo público es imparcial o neutro. Todo registro lleva la carga y el sello de las personas, gestiones y acciones que los realizaron y abonaron a su conformación, pero más importante aún, a la representación, significación y resignificación de los eventos que les dieron origen y que pueden servir a la generación de un diálogo entre nosotras y nosotros, quienes en su momento, actuaron, hablaron, escribieron; y quienes registraron, conservaron, clasificaron y archivaron.
En su vinculación con el derecho a la verdad, los archivos nos permiten trazar ese continuo temporal de eventos que es nuestra historia, a pesar de los episodios amargos o dolorosos que podamos encontrar a lo largo de tal recorrido.
Por ello, hablar de este derecho es hablar de una conquista liberal, conceptual, formal y sustancial, avanzada desde interpretaciones que en sus orígenes lo relacionaban exclusivamente con víctimas y familiares de violaciones graves de derechos humanos, hasta su concepción actual, como un derecho del que es titular la sociedad en su conjunto. Tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y nuestro orden jurídico lo reconoce desde 2002, en relación con las materias de acceso a la información y transparencia.
La posibilidad de reconstruir nuestra memoria histórica y así la verdad, es un derecho humano. Su ejercicio, tiene el potencial de cohesionar a las personas, fortalecer la resiliencia social y da pie a la reconciliación, que en países marcados por violencia como el nuestro, es tan necesaria para avanzar en democracia.