La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) enfrenta una serie de denuncias que apuntan a una posible red de control operativo irregular en las aduanas del norte del país, lo que ha encendido alertas entre actores del comercio exterior y especialistas en seguridad nacional.
De acuerdo con testimonios de varios exfuncionarios cesados recientemente, se estaría configurando un esquema paralelo de poder encabezado por el general Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, actual director de Supervisión de Aduanas Fronterizas, quien habría sustituido personal técnico por operadores de confianza presuntamente involucrados en prácticas no reguladas.
Los denunciantes señalan que sus remociones ocurrieron tras rechazar instrucciones vinculadas con presuntas irregularidades administrativas, como la venta de plazas, el ingreso tolerado de mercancía no declarada, y el flujo ilegal de hidrocarburos, actividad también conocida como huachicol fiscal.
Las aduanas señaladas —Reynosa, Ciudad Juárez y Nogales, entre otras— forman parte de los corredores estratégicos del país para el comercio con Estados Unidos. En estas zonas circulan insumos industriales, productos agrícolas, hidrocarburos y mercancía regulada, por lo que cualquier alteración a los sistemas de control puede impactar la seguridad física, fiscal y comercial de la región.
Los ceses y nombramientos recientes generan dudas sobre la continuidad del modelo técnico aduanero promovido en los últimos años, el cual incluye medidas como control satelital, escaneo no intrusivo, inteligencia fiscal, y coordinación binacional con agencias como CBP (Customs and Border Protection).
Además, la ausencia de pronunciamientos públicos por parte de Vadillo o del titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, ha generado incertidumbre institucional.
Diversos analistas consideran que este tipo de vacíos de control pueden traducirse en:
- Riesgo de contrabando sistemático.
- Disminución de la recaudación fiscal en aduanas clave.
- Pérdida de confianza de socios comerciales.
- Posible utilización de las aduanas para fines políticos o extralegales.
En el contexto de la política de seguridad pública y combate a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso podría escalar a instancias de supervisión como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República.
Expertos consultados coinciden en que se requiere una evaluación técnica y operativa inmediata, con auditorías a procesos, revisión de nombramientos recientes, y análisis de riesgo en los cruces fronterizos.