La detención de dos personas vinculadas con el entorno de Alejandro Moreno y la reactivación del proceso para retirarle el fuero han vuelto a colocar sobre la mesa un expediente que lleva años atravesando investigaciones, acusaciones y disputas políticas.
Esta vez, sin embargo, existe una diferencia importante: las detenciones recientes y los nuevos elementos presentados ante la Cámara de Diputados podrían llevar finalmente el caso a una etapa de definiciones.
En los últimos días fueron detenidos Luis Antonio Espinosa Campos, señalado como contador y representante de empresas relacionadas con Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, y Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue director de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno en Campeche.
Este último es investigado por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos. Ambas detenciones se inscriben en investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades cometidas durante la administración de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche.
El momento es particularmente significativo porque coincide con la reactivación de la solicitud de desafuero contra el actual presidente nacional del PRI.
La investigación está relacionada con un presunto desvío de alrededor de 83.5 millones de pesos durante su gobierno. La Fiscalía de Campeche ha presentado nuevos elementos ante la Cámara de Diputados y el procedimiento podría avanzar nuevamente después de permanecer durante un largo periodo prácticamente detenido.
No estamos, por tanto, ante acusaciones que aparecieron esta semana.
El expediente contra Moreno lleva años en la discusión pública. Hubo momentos en los que parecía que finalmente se producirían consecuencias judiciales, particularmente después de los cateos realizados en propiedades relacionadas con el dirigente priista y de las investigaciones abiertas en Campeche.
Sin embargo, el proceso se fue diluyendo y durante largos periodos quedó atrapado entre la confrontación política y los procedimientos institucionales.
Esa historia explica buena parte del escepticismo que existe actualmente.
En la opinión pública se ha construido desde hace años una percepción sobre posibles actos de corrupción relacionados con Moreno. Esa percepción, por supuesto, no constituye una sentencia ni puede sustituir las pruebas. Pero tampoco puede ignorarse como parte del contexto político en el que se desarrolla el proceso.
Lo particularmente interesante de esta coyuntura es que el expediente judicial ya no puede separarse de la estrategia política adoptada por Moreno en los últimos meses.
El dirigente priista ha realizado viajes a Estados Unidos para denunciar ante actores de ese país al gobierno mexicano y a dirigentes de Morena. Con ello trasladó parte de su confrontación política al escenario estadounidense, precisamente cuando la soberanía y la posible injerencia extranjera se han convertido en asuntos centrales de la relación bilateral.
Y eso representa un problema político adicional para Alejandro Moreno.
El PRI se encuentra profundamente debilitado y difícilmente representa por sí solo una amenaza electoral comparable con la que Morena enfrentó en otros momentos. Pero los viajes de Moreno a Estados Unidos ofrecen al oficialismo un argumento particularmente rentable: presentarlo como un dirigente dispuesto a buscar respaldo en el exterior para combatir a sus adversarios dentro de México.
La acusación de que está comprometiendo la soberanía nacional para atacar al gobierno es una interpretación política, no una conclusión jurídica. Pero tiene un peso considerable en el debate actual, especialmente cuando el gobierno federal ha colocado la defensa de la soberanía como uno de los ejes de su discurso frente a Estados Unidos.
En medio de esta confrontación ocurrió además uno de los episodios más lamentables de los últimos días.
El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla protagonizó un altercado físico con el morenista Arturo Ávila, después de que este último cuestionara a Moreno y lo calificara de “traidor a la patria”. Mancilla increpó a Ávila, lo insultó y avanzó contra él, provocando empujones y jaloneos frente a los medios de comunicación.
Lo ocurrido no puede normalizarse como una simple disputa entre políticos.
Un legislador es un representante popular y tiene una responsabilidad que va mucho más allá de defender a su dirigente partidista. Ese comportamiento vuelve a exhibir una forma de hacer política basada en la confrontación, la provocación y la intimidación que resulta incompatible con la función parlamentaria.
Si existen elementos para determinar responsabilidades por lo ocurrido, deberán abrirse los procedimientos correspondientes y Mancilla tendrá que responder por sus actos.
Porque el caso Alejandro Moreno necesita exactamente lo contrario: menos espectáculo político y más instituciones funcionando.
Las investigaciones contra el dirigente priista deben avanzar si existen elementos suficientes para sostenerlas. Pero deben hacerlo con pruebas, debido proceso y absoluta claridad jurídica.
Las sospechas acumuladas durante años no equivalen a una condena, pero tampoco pueden convertirse en pretexto para mantener indefinidamente congelados expedientes que involucran posibles actos de corrupción.
Ahí está la verdadera prueba para las instituciones mexicanas.
Si existen elementos suficientes para retirarle el fuero y llevar a Alejandro Moreno ante la justicia, debe hacerse con contundencia y conforme a derecho. Si las pruebas no alcanzan, también deberá reconocerse.
Lo que no puede ocurrir nuevamente es que un expediente de esta magnitud permanezca durante años en una zona gris donde la investigación funciona principalmente como arma política y nunca alcanza una resolución definitiva.
También sería un error reducir todo lo que está ocurriendo a una persecución política.
Las investigaciones contra Moreno tienen antecedentes propios y no comenzaron como consecuencia de sus actuales enfrentamientos con Morena. Pero sería igualmente equivocado asumir que las acusaciones son ciertas simplemente porque existe una percepción pública negativa sobre el dirigente priista.
La justicia exige algo más que percepciones.
Exige pruebas.
Pero exige también que las instituciones hagan su trabajo.
Después de años de acusaciones, investigaciones y procedimientos inconclusos, la coyuntura actual representa una oportunidad para cerrar finalmente este expediente con resultados.
Si Alejandro Moreno cometió delitos, debe responder ante la justicia. Si no pueden acreditarse, debe quedar igualmente claro.
El desenlace será importante no solamente para Moreno o para el PRI.
Será una prueba sobre la capacidad del Estado mexicano para investigar a una figura política de alto perfil sin convertir la justicia en un instrumento de revancha partidista. Y será también una prueba para la oposición, que tendrá que demostrar que defender el debido proceso no significa defender la impunidad.
México no necesita otra interminable batalla política alrededor de un expediente judicial.
Necesita saber qué ocurrió, quiénes son responsables y cuáles serán las consecuencias.
Después de tantos años, esa debería ser la única pregunta que importe.