Si algo nos ha mostrado la Cuarta Transformación son los límites legales ausentes. Es cierto que ninguna ley obliga a separarse del cargo a un gobernador mientras enfrenta investigaciones de la Fiscalía General de la República, pensando en que la soberanía obliga a mirar el actuar institucional nacional más allá de las corporaciones extranjeras de seguridad.
Pero también es cierto que las leyes han sido una suerte de resorte muy flexible con el antídoto de las mayorías legislativas, que últimamente actúan más por desplegados que por facultades institucionales como desaparecer los poderes de Sinaloa ante la crisis de gobernabilidad que enfrenta.
Especular sobre el regreso de Rubén Rocha Moya al cargo me parece irresponsable. Como puede ser simple estrategia personal para tener fuero institucional, como puede ser realmente una señal de que su jefe político actúa en ligas propias.
El hecho es que Rocha Moya encarna la contradicción de eso que convirtió a Morena en el partido más votado. Rocha Moya simboliza el cinismo de quien abusa de los fueros para no dar explicaciones, de quien no puede esperar a que una Fiscalía decida cuánta responsabilidad tiene.
Encarna también el desdén a la justicia y a la ley, a las víctimas, a la verdad sobre los crímenes que han sucedido en Sinaloa.
Uno de esos crímenes tiene nombre. Héctor Melesio Cuén Ojeda fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, líder del Partido Sinaloense y diputado federal electo. Cinco días antes de morir, en el episodio noventa y siete de su pódcast Cuentas Claras, acusó a Rocha Moya de corrupción y de intervenir la universidad. Lo asesinaron el 25 de julio de 2024, el mismo día y, según la Fiscalía federal, en la misma finca donde fue entregado Ismael El Mayo Zambada. La primera versión, la del robo frustrado en una gasolinera que sostuvo la fiscalía estatal, se derrumbó con los peritajes y con la carta del propio capo, que dijo haber acudido a una reunión para resolver las diferencias entre Cuén y el gobernador por el control de esa universidad. Un testigo en el crimen fue detenido como contexto previo al sorpresivo retorno del reprobado gobernador. Ese expediente sigue abierto en casa.
Rocha Moya volvió al cargo el 21 de agosto, después de ciento doce días de licencia y de comparecer, dijo, sin escudarse en su investidura. Regresó «con la frente limpia y en alto». Regresó, también, 48 horas después de que esa misma Fiscalía detuviera a Fausto “N”, testigo clave en el homicidio de Cuén. La renuncia al fuero duró exactamente lo que tardó en volverse inconveniente. Retomar el cargo es recuperar el escudo.
Conviene no confundir la fórmula. Que no existan elementos para ejercer la acción penal no equivale a la prueba de la inocencia. El comunicado las junta a conveniencia y decreta por escrito lo que ningún juez ha dicho.
Su primer acto de regreso fue saludar a las madres buscadoras que protestaban afuera del Palacio de Gobierno. El gesto es elocuente. En Sinaloa, quien gobierna y quien desentierra a sus muertos comparten la misma banqueta.
Al diablo con moralizar la vida pública. Lejos del desafío a la autoridad de la presidenta que vergonzosamente ha encabezado la ola de los deslindes mediante un comunicado de la Secretaría de Gobernación, Rocha Moya ha mandado al carajo el estándar de una vida pública decente. Fue el propio movimiento el que hizo de la regeneración moral su partida de nacimiento, y es el mismo que hoy recuerda que no vengamos a decir que la ley es la ley, que el fuero puede recuperarse a tiempo y que la inocencia se declara por posicionamiento y desplegado.
Si la ley no exige nada, solo queda la moral. ¿No era esa, precisamente, la que nos pidieron recuperar a la hora de mandar al basurero de la historia a los otros gobiernos? ¿Alcanzan los deslindes para el tamaño de crisis que vive Sinaloa?