Ayer la presidenta Sheinbaum y los ministros de la Suprema Corte celebraron ufanos el primer aniversario de la instauración del nuevo Poder Judicial. Hugo Aguilar, en un discurso más característico de un político que de un impartidor de justicia, recurrió a los trasnochados mensajes propios de la autoproclamada 4T. Hizo alusión al pueblo, al fin de los privilegios y al tránsito hacia una nueva era marcada por una Corte más cercana al pueblo.

En una imprecisión propia de la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del máximo tribunal jurisdiccional del pais, Aguilar señaló que el Poder Judicial es autónomo. ¿Autónomo, señor ministro? ¿O independiente? ¿Qué establece claramente la Constitución Política? Usted lo sabrá, pues habrá leído la carta magna. En fin, puede tratarse de un simple desliz discursivo, o de una falta de precisión técnica, al estilo de las ministras Lenia Batres o Estela Ríos.

En todo caso, la Suprema Corte, a la luz de las resoluciones emitidas a lo largo del último año, no parece ser autónoma, ni mucho menos, independiente. Según Integralia Consultores, más del 80% de sus decisiones promovidas directamente por el Ejecutivo Federal han ido en sentido del argumento presentado por la Consejería Jurídica. ¿Será tal vez que el gobierno es absolutamente respetuoso de la Constitución y de las leyes que de ella emanan?

No podía ser de otra forma si se recuerda que los nombres de los nueve integrantes de la Suprema Corte aparecieron en vulgares “acordeones” que circularon en todo el territorio nacional, en una clara operación de Estado dirigida a destruir la escasa independencia que le quedaba al antiguo Poder Judicial. ¿O puede alguien sostener aún que el nombre de Hugo Aguilar, por citar solo al presidente del tribunal, era comúnmente conocido y que por tanto el pueblo de México salió libremente a votarle para que dirigiera los nuevos esfuerzos de la renovada Corte?

Hoy las élites gobernantes y la clase política morenista se regocijan de contar con una Corte y un Tribunal Electoral dóciles y convertidos en el brazo jurídico y electoral, respectivamente, de un movimiento político que le ha fallado a la nación en términos de crecimiento económico, salud, seguridad, educación, democracia, y desde luego, combate contra la corrupción.