Toda la subcontratación busca dislocar la relación laboral de la fuente de trabajo, distorsiona los derechos establecidos en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, constituye un fraude a los trabajadores de México, pauperizando las condiciones de trabajo, teniendo como base estructural el pago de prestaciones de ley, el pago de salario mínimo, eliminación de la antigüedad del trabajador y la nulidad de los derechos colectivos y sindicalización. Su aplicación viola tratados internacionales, además de generar un dumping laboral que viola el T-MEC.
A pesar de la reforma laboral que limitó la subcontratación, las autoridades laborales del país han reconocido que 5 millones de trabajadores laboran bajo esta modalidad, es decir, la cuarta parte de los trabajos formales, registrados en el seguro social. Estamos hablando de la subcontratación registrada y legalizada en el padrón del REPSE, con el aval del gobierno.
Pero no es la única subcontratación que se realiza en México, pues se continúa con la práctica del insourcing, en donde los patrones crean sus propias empresas de contratación a donde contratan a los trabajadores, y la empresa dueña de la fuente de trabajo, del terreno y la maquinaria, de la que ellos mismos son propietarios, renta la fuente de trabajo, dejando a los trabajadores en empresas que no tienen bienes para responder por las obligaciones laborales, solo existen en el papel, que pueden desaparecer sin mayor problema y con las cuales se busca hacer un doble fraude a los trabajadores, porque la empresa que los tiene contratados deduce la renta de sus propios bienes de producción de las ganancias, por lo que nunca tienen utilidades para pagar.
A pesar de que se instrumentaría una coordinación con las autoridades laborales y las autoridades fiscales del SAT e IMSS, en un órgano vigilante de las prácticas de subcontratación que han lesionado por décadas a los trabajadores, otros 5 millones de trabajadores que laboran en las grandes industrias se manejan bajo esta figura del insourcing.
Para comprender la problemática que genera el insorucing, recordemos cuando cerró la fábrica de llantas Euzkadi en Guadalajara, hace más de 15 años, los trabajadores y el sindicato emplazaron a huelga, pero resultó que la empresa que los tenía contratados no era dueña de nada, la fábrica y la maquinaria estaban arrendadas, así que propiamente los dejaron en la calle sin poder reclamar sus derechos, pues no tenían de donde cobrarse, era una empresa de papel, solamente estaba constituida notarialmente pero no contaba con nada. En todos los casos son los mismos patrones los dueños de la fuente de trabajo, solo que constituyen distintas empresas ante notario, incluso con los mismos socios, con eso simulan hacer contratos de arrendamiento entre sus propias empresas y mágicamente los trabajadores quedan fuera de la fuente de trabajo principal.
Las autoridades laborales y fiscales no están haciendo nada para detener esto, los trabajadores no tienen sindicatos o son de protección con líderes charros, así que están totalmente desprotegidos. En ambos casos, en el outsourcing legal y el insourcing se encuentra laborando casi 10 millones de trabajadores, sobre todo de la gran industria en México, la que genera producción que compite con Estados Unidos en el T-MEC.
El departamento de Estado de Estados Unidos ya levantó la voz, en su informe sobre los derechos humanos en México se enfatiza que las condiciones laborales siguen siendo violatorias de derechos, no se respeta ni los derechos individuales ni la contratación colectiva, los derechos de sindicalización, todo lo que buscó arreglar el anexo 23-A del T-MEC en el primer mandato de Donald Trump. Vamos a ver cuál será el tono de la nueva negociación del T-MEC, pues la simulación que genera dumping laboral sin duda será parte importante de las mesas de discusión.
X: @riclandero