México, 29 Feb. (Notimex).- Aunque el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) cuenta ya con 11 jueces más, capacitados en ejecución de sanciones penales, no existe presupuesto suficiente para instalar los juzgados, y el máximo órgano de justicia capitalino continúa con dos jueces en esta materia desde junio del año pasado.

Esta situación contribuye a que la sobrepoblación en las cárceles de la Ciudad de México vaya en aumento, pues de acuerdo con datos del TSJDF, cada día se suman un promedio de 40 solicitudes de pre liberación, que no pueden atenderse de manera adecuada.

Esta situación se convirtió en un problema de atención, pues desde el momento en que entraron en operación este tipo de juzgados a diciembre de 2011, los dos únicos juzgados especializados que operan en el Reclusorio Sur contaban ya con unos mil 600 expedientes.

Estos mismos datos señalan que para atender la creciente demanda son necesarios 25 jueces especializados en revisar y dar trámite a las solicitudes de pre liberación, pues las dos únicas juezas que se encuentran en funciones se vieron rebasadas en su capacidad para celebrar las audiencias de los reos solicitantes.

El 19 de junio de 2011 iniciaron sus funciones las juezas Belén Bolaños Martínez y Beatriz Segura Rosas, cuando entró en vigor la Ley de Sanciones Penales y Reinserción Social, que tenía como objetivo disminuir los índices de sobrepoblación en los penales capitalinos, pero ha ocurrido todo lo contrario.

La información del TSJDF, que preside el magistrado Édgar Elías Azar, revela que se necesitan cinco juzgados de ejecución de sanciones en cada uno de los penales del Distrito Federal, lo que no ha sido posible concretar ante la falta del presupuesto necesario para cumplir con los requerimientos.

Los jueces de ejecución de sanciones tienen la función de estudiar la situación de los sentenciados, con base en la protección de sus derechos humanos, para que por una parte se logre su re inserción en la sociedad, y por otra se contrarreste la saturación de reos en las cárceles de la ciudad.

Anteriormente, correspondía a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario atender las solicitudes del beneficio de la pre liberación, pero a partir de la publicación de la ley, los miles de expedientes se transfirieron a las dos nuevas juzgadoras.

De acuerdo con la ley, los jueces de ejecución de sentencias otorgan beneficios penitenciarios, como la prisión domiciliaria por monitoreo a través de un brazalete electrónico, libertad preparatoria, y revisión parcial de la pena.

También son los encargados de otorgar beneficios de pre liberación y librar órdenes de reaprehensión para ejecutar una sentencia y determinar el cumplimiento sucesivo de sentencias cuando se impongan dos o más penas de prisión.

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