Bogotá, 27 feb (EFE).- Las ejecuciones extrajudiciales de civiles por el Ejército, conocidas como "falsos positivos", prosiguen en Colombia, donde aumenta la violencia por parte de los grupos herederos de los paramilitares, informó hoy la ONU, al advertir de que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras tiene "vacíos".

Estas conclusiones se desprenden del informe anual sobre Colombia elaborado por la Oficina de la Alta Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue presentado hoy en Bogotá por su nuevo representante, el estadounidense Todd Howland.

En una rueda de prensa, Howland dijo que, si bien se han dado pasos en la protección de los derechos humanos durante los dos últimos años, que coinciden con el Gobierno de Juan Manuel Santos, al citar expresamente la Ley de Víctimas, todavía hay un camino por recorrer.

En primer lugar, pidió protección para los beneficiarios de la Ley de Víctimas (en vigor desde enero pasado), acosados por la persecución, las amenazas y los asesinatos de los representantes de los reclamantes de tierras, es decir, campesinos despojados durante el conflicto armado que vive Colombia desde hace casi 50 años.

Al advertir de que esa ley tiene "vacíos", apuntó a que "el reto es asegurar la protección de todos los actores involucrados, incluidos los funcionarios del Estado", encargados de las investigaciones.

Y es que, según el informe, "el riesgo y vulnerabilidad de los líderes en procesos de restitución de tierras son extremadamente altos, habida cuenta de los intereses criminales de los predios objeto de la restitución".

El mejor ejemplo de la conflictividad que existe en Colombia en torno a la tierra son "los asesinatos cometidos en 2011, sumados a los registrados en 2010, y las amenazas y agresiones", según la ONU, que no dio una cifra cerrada pero se refirió a al menos tres dirigentes campesinos muertos el año pasado.

La ONU además advirtió de que "la práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se han erradicado totalmente", ya que este organismo observó en 2011 casos en Bogotá y en los departamentos de Arauca, Cauca y Cesar.

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Hasta agosto del año pasado, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía asignados un acumulado de 1.622 casos de homicidios atribuidos a agentes del Estado, que involucraban a 3.963 miembros de la fuerza pública, con 148 sentencias condenatorias, detalla el informe.

Esta práctica, conocida en Colombia como el escándalo de los "falsos positivos", llegó a ejecutarse de "forma sistemática" durante los últimos años del Gobierno del expresidente Álvaro Úribe (2002-2010), tal y como reconoció entonces la ONU.

A estos hechos se sumó en 2011 "la expansión de grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares", a raíz de un acuerdo de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el Gobierno de Uribe entre 2003 y 2006.

"El número de masacres (un total de 32 en 2011) y de víctimas atribuidas a estos grupos continuó aumentando, principalmente en Antioquia y Córdoba", asegura el documento, que da cuenta de que el 53 % de los mandos de esos grupos capturados o muertos eran paramilitares desmovilizados.

Esas organizaciones "están presentes en la mayoría de los departamentos del país y demuestran alta capacidad de reclutamiento, incluyendo niñas, niños y adolescentes", matizó la ONU, al explicar que "ejercen control territorial, restringen la libertad de movimiento de la población y ejercen control social, imponiendo sus normas de comportamiento y sanciones públicas".

En este sentido, el adjunto de Howland en la oficina de la ONU en Bogotá, Juan Carlos Monge, indicó en la misma rueda de prensa que la lucha contra esos grupos, dedicados al narcotráfico y otras actividades ilegales, debe atajarse desde "las estructuras que los apoyan".

Y es que el informe de la ONU es claro al afirmar que "hay evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de las fuerza pública con esos grupos" y que la impunidad es generalizada.