México, 29 Feb. (Notimex).? La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó que adoptara medidas para limitar el acceso a la información pública, luego de que en los últimos días suprimió los nombres de los involucrados en juicios, tanto en las listas de sesiones, resoluciones y versiones estenográficas de las sesiones.

En este sentido el máximo tribunal del país puntualizó que realizan procesos constantes para dar cumplimiento cabal a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a su propia normatividad interna que rige en la materia.

Señaló que este proceso implica una revisión de todos los documentos públicos que emite la Corte, para ajustarse a lo establecido en la normatividad, lo cual obliga a la protección de datos personales.

Referente a ese punto, reiteró que la privacidad es un derecho garantizado en la Constitución, los tratados internacionales firmados por México y diversas disposiciones de la legislación nacional.

Negar el otorgamiento de los nombres de las partes procesales en los juicios que conocen la SCJN ?no deriva en un incumplimiento a la ley ni de la elaboración de una normativa que guarde el sigilo sobre los datos personales de dichos litigantes?, indicó.

Por el contrario, enfatizó, que se cumple con la obligación de protegerlos, que nace de un mandamiento constitucional que todos los órganos del Estado tienen que cumplir de manera estricta ?y con mayor razón este alto tribunal?.

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Asimismo, la SCJN enfatizó que suprimir los nombres de las partes no impide de manera alguna conocer el criterio del juzgador ?que es lo que realmente se debe difundir y ser objeto de interés para la sociedad?.

Al mismo tiempo, negó las versiones referentes a que estas medidas sean resultado de una orden de la Oficialía Mayor, ?órgano administrativo que no tiene competencia en la materia?, recalcó.

La Corte refirió que los artículos 6 y 16 de la Constitución garantizan el derecho de la protección de datos personales, además de diversos tratados internacionales firmados por México.

De esta manera, el máximo tribunal del país dio respuesta a la información que difundieron medios de comunicación nacionales que indicaron que suprimir estos datos de los documentos constituía una falta de transparencia del órgano jurisdiccional.

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