México.- Un juez federal dictó anoche auto de formal prisión a los generales de División Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas; el de Brigada Rubén Pérez Ramírez, y el Brigadier Roberto Dawe González, por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud. 

El juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, determinó que hay “pruebas que demuestran” que colaboran con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. 

Cabe destacar que en el caso del general Rubén Pérez Ramírez, el auto de formal prisión es por el delito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza. 

De acuerdo con la causa penal 44/2012, también determinó iniciar un juicio al Teniente Coronel Silvio Hernández Soto y al Mayor Iván Reyna Muñoz, quienes fueron consignados junto con los militares de alto rango. 

Fuentes judiciales indicaron que el impartidor de justicia consideró que había los elementos suficientes para abrir un proceso penal contra los inculpados, lo que implica que mientras se llevan a cabo las diligencias del juicio, los militares permanecerán presos en el Penal de alta seguridad del Altiplano, en el estado de México. 

La semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR) consignó el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 contra los militares con el argumento de que protegían y colaboraban con la citada organización criminal. 

Lo más leído de México

Luego de que el juez ordenó su aprehensión, el 1 de agosto agentes de la Policía Ministerial de la PGR dieron cumplimiento al mandato de captura dictado contra Ángeles Dauahare, Dawe González, Silvio Isidro y Escorcia Vargas. 

En tanto que elementos de la Procuraduría General de Justicia Militar, de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada contra Rubén Pérez Ramírez, mientras que con el oficio número PFM/DGIP/PD/8256/2012, suscrito por policías federales, se cumplimentó la detención de Iván Reyna Muñoz. 

Los generales Ángeles, Escorcia y Dawe, así como el teniente coronel Hernández, quedaron sujetos a proceso por el delito de delincuencia organizada. El general Pérez y el mayor Reyna fueron sujetos a juicio por delitos contra la salud. 

La Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada (SIEDO) inició una investigación contra los militares tras una denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, en la que una persona desconocida dijo que los ahora consignados estaban vinculados con traficantes de drogas. 

La averiguación es partir de las declaraciones de los testigos protegidos "Jennifer" y Sergio Villarreal Barragán "El Grande", quienes señalan a los inculpados de haber recibido pagos de 500 mil a 5 millones de dólares, para colaborar desde el 2007 con los narcotraficantes sinaloenses. 

El fallo que dictó el juez puede ser apelado por los inculpados ante un tribunal unitario, el cual determinará en definitiva si deben o no quedar sujetos a juicio, aunque su resolución tardará no menos de tres meses, debido a las cargas de trabajo de los tribunales.