Ciudad de México.- El gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación investigan una red de tráfico de influencias que importa vehículos a México, en la cual estarían involucrados diferentes funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, jefes de aduana, jueces, Magistrados, legisladores y líderes priistas.

El SAT se encuentra en un problema legal, debido a que como institución ha presentado denuncias ante la Suprema Corte, sin embargo, algunos de sus funcionarios asesoran a los importadores mediante sobornos millonarios, además de que los agentes de aduanas facilitan el acceso a través de  comisiones por cada auto que ingresa.

En la investigación se han registrado a 18 empresas que pagan montos millonarios a funcionarios federales, titulares de juzgados y tribunales en Baja California y el Estado de México para el paso de autos provenientes de Estados Unidos sin que cumplan con los requisitos necesarios.

Entre las empresas se encuentra: Cristi Automotriz, Grupo Empresarial Caoman, Grupo Empresarial Yamve, Autotrack Importaciones, Autos YMC, A & B Automotriz, Voltok, Arturo Tovar Ortiz S.A. de C.V. y Pastor Perea Ramírez S.A. de C.V.

Otras nueve están representadas o vinculadas al agente de aduana Roberto Ruiz Armas, como Goga Automotriz, Alfa Agro, Autos Adrey y Kikis Automotriz.

Entre los involucrados se encuentra el juez Daniel González Vargas, quien encabezó el juzgado segundo de distrito en Mexicali; el juez Héctor Guzmán Castillo, titular del juzgado segundo de distrito, también es investigado por amparos otorgados.

En la red también se encuentra la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como funcionarios de la Administración General de Aduanas y de la Administración Central de Amparos y de Instancias Judiciales del SAT.

Tanto los propietarios de las empresas como los cabilderos, son los responsables de las gestiones con funcionarios del SAT y jueces, entre los que se encuentran: Héctor Pedroza, diputado local del PRI en el Edomex y líder de la CNOP, así como Enrique Acosta Fregoso, delegado nacional del PRI en Baja California Sur.

Además se ubica a Elí Topete Robles, diputado en Baja California y a Hiram Rojas Hernández, casinero y exdirector de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados en la Aduana de Juárez y Ensenada.

El Consejo de la Judicatura Federal investiga la presunta corrupción en juzgados y tribunales de Baja California que ha garantizado el acceso de miles de autos usados, misma que ha promovido el Ministro José Ramón Cossío, tras la resolución de siete expedientes derivados de la importación de los llamados autos chocolate.

Los casos involucran a cinco Magistrados de circuito que otorgaron amparos y ordenaron la importación de autos bajo los requisitos del Tratado de Libre Comercio e ignorando los planteamientos de un decreto presidencial de 2011.

De acuerdo con una conversación telefónica publicada por Reforma durante junio de 2012 que involucra a Enrique Acosta Fregoso (EAF) y Elí Topete Robles (ET), se exhiben las negociaciones con los funcionarios del SAT y jueces para facilitar amparos.

EAF: Y a la Corte, fui a ver un Ministro allá y nomás. Me fui en el avión de las ocho; llegué a la una y allá fueron por mí y tuve una reunión en el SAT y comí con un Ministro de la Corte y con Moreno Collado y vi un abogado allá y para atrás güey y es una chinga, llegué a la casa aquí, llegué como a la una, güey.

ET: Órale.

EAF: Y éste ayer me fui temprano a México y regresé.

ET: ¡Ah!, pues nomás dile ahí al Senador.

EAF: No, ahorita al hijo de su rechingada madre, fui a una pinchi audiencia a una reunión del SAT y le dije: cabrón, acompáñanos, es de nuestro negocio, güey.

ET: Ajá.

EAF: De los carros y no fue el cabrón, se hizo pendejo y ya nomás yo le mandé un mensaje, estoy aquí en México, vine aquí, ando con Hansel. No contestó y a las pinchis dos de la mañana me mandó un mensaje, no se lo contesté y ahorita le mandé uno y me dice que unos jueces suspendieron no sé qué chingados.

Sin embargo, las redes operativas también se expande hacia el Estado de México, pues los registros judiciales documentan que al menos uno de los amparos permitió la elusión de requisitos de un decreto presidencial para limitar la importación y que fue autorizado por Octavio Bolaños Valadez, quien acaba de ser ascendido a Magistrado de circuito.

Además, otro amparo habría sido promovido por Arturo Tovar Ortiz con número de expediente 1322/2012, quien se benefició del entonces juez Bolaños en cinco ocasiones distintas para mantener vigente la importación de autos entre diciembre de 2012 y abril de 2013.

Con información de Reforma