La actual Fiscalía General de la República (FGR) ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos, revela el diario El País.

Durante 2019 y 2020, la FGR firmó cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, empresa que ha sido señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El material comprado por la FGR sirve para la geolocalización de celulares y el análisis de datos a gran escala. La Red en Defensa de los Derechos Digitales  (R3D), considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos. 

De acuerdo con documentación obtenida por el diario El País, las compras se hicieron bajo registro secreto en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la FGR. 

El actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha seguido ofreciendo sus insumos ahora como intermediaria de Reyzone Group.

Neolinx es una empresa mexicana vinculada a la venta de equipos de espionaje

Neolinx es una empresa mexicana creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje. En 2015, se dio a conocer que había servido como intermediaria de la italiana Hacking Team en México, quien ha sido su principal cliente.

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Después de que se filtraran cientos de correos electrónicos y documentos internos con detalles de sus operaciones, la información reveló que el consorcio italiano había comercializado sus productos a 35 países, muchos de ellos señalados por violaciones a los derechos humanos.

La Red para la Defensa de los Derechos Digitales R3D hizo un análisis de los datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos 12 estados del país tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team, a través de sus diversas intermediarias. 

Conforme al análisis realizado por la R3D en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos al Gobierno de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias. 

Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos al actual gobierno de México, ahora con la empresa Rayzone Group.

Actualmente se sabe que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.

Acorde con el reportaje realizado por la periodista Zorayda Gallegos, en diversos informes del órgano interno de control de la FGR, se encontró que la Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero ha celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica.

El primer contrato celebrado durante la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2,4 millones de dólares. El objetivo, según se menciona fue:

“Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135,000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”

Reporte del OIC

El servicio descrito en el contrato es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la Fiscalía en el sexenio anterior y que era usado sin controles.

Este producto es desarrollado por Rayzone Group, un consorcio que diseña y fabrica soluciones cibernéticas y de inteligencia para agencias gubernamentales y federales.

“La solución sigilosamente determina el estatus, la ubicación y el movimiento de los objetivos de interés, desde cualquier lugar en una ciudad o área hasta el país entero y más allá de las fronteras, localizándolos con alta precisión en tiempo real.”

Reporte del OIC

La FGR también adquirió el servicio “Echo-Plataforma”, que opera de forma silenciosa y encubierta

El servicio permite a las agencias policiales obtener información sobre un punto de interés en particular o la recolección masiva de información de todos los usuarios de internet en el país.

La compra estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, según la documentación consultada. En 2019 el costo fue de 1,1 millón de dólares, mientras que en 2020 la Fiscalía pagó 1,7 millones de dólares por el servicio.

La red R3D considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos porque en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.

La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia. 

"Si bien las invasiones a la privacidad por parte de la autoridad no se encuentran absolutamente prohibidas, sí existen límites estrictos a este tipo de actividades de vigilancia. En México la utilización de estos sistemas de vigilancia son sumamente problemáticos porque otorgan un poder invasivo amplio."

Luis Fernando García Muñoz, director de la R3D