México.- Cientos de familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda de todo el país han realizado diferentes protestas en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en contra de los nuevos lineamientos del sistema de fiscalización con facturas que sustituye a los fideicomisos desaparecidos el año pasado, para entregar los apoyos.

De acuerdo con los pronunciamientos de los colectivos, los nuevos procedimientos se crearon sin la participación de las familias, además, de que son procesos burocráticos que obstaculizan los apoyos y piden situaciones imposibles de cumplir como facturas o el consumo específico de una canasta básica, cuando cada familia tiene diferentes condiciones de salud.

“La CEAV se crea para la defensa de los derechos de las víctimas [...] Les recordamos que son y están gracias a la desgracia que nos acontece y que el principio de progresividad de los derechos humanos implica gradual progreso para lograr su cumplimiento. Si ya se toparon con los problemas, resuelvanlo pero no echando para atrás lo avanzado”.

Colectivos de familias
Protesta en la CEAV
Protesta en la CEAV (Graciela López / Cuartoscuro)

En este sentido, rechazaron tajantemente los lineamientos emitidos tras la desaparición de los fideicomisos, pues tampoco aparecen en la Ley General de Víctimas y estarían violando los derechos de las familias, sin tomar en cuenta sus necesidades.

Nuevos lineamientos de entrega de apoyo revictimiza a familias de desaparecidos

En el pliego petitorio entregado por los colectivos este 8 de abril, las familias acusaron que los nuevos lineamientos las revictimiza porque se meten en sus vidas privadas y estigmatizan las situaciones particulares de cada caso.

Entre los procedimientos que deben hacer las familias esta:

  1. Facturación 
  2. Un estudio social 
  3. Kilometraje en las búsqued 
  4.  Una canasta básica única 
  5. Medición del tiempo de traslados

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Todo lo anterior ha sido rechazado por las familias, quienes además condenaron la falta de un parlamento abierto, el retroceso de estos procesos, la exposición de la integridad de cada víctima, la falta de atención médica y los retrasos en la entrega de apoyos.

En las manifestaciones que han realizado este 8 y 9 de abril en la CDMX, los colectivos expresaron que la principal exigencia es respeto por los desaparecidos sea cual sea la condición de su desaparición y del familiar, atención adecuada a las familias vulnerables, acompañamiento a las mujeres con desaparecidos y apoyo total en las búsquedas.

“Exigimos que nos doten de los necesario y no se nos condicione con kilometrajes absurdos y facturación de alimentos cuando el que de verdad conoce la busqueda sabe que al salir comparamos en el caminos lo que podamos para alimentarnos, lo que nos encontremos durante un trayecto de terracería, cerros, arenales, rios y de más”.

Colectivos de familias

CEAV aseguró que aclaró “inquietudes” de las familias

Fue luego de la marcha que realizaron las familias ayer, 8 de abril, que la CEAV emitió un comunicado informando que tras la entrega de sus peticiones, tendrían una reunión este mismo viernes, sin embargo, también dijo que aclararon las “inquietudes” de los colectivos.

Cabe recordar que la Comisión publicó el pasado 5 de marzo en el Diario Oficial de la Federación nuevos Lineamientos de Acceso a los Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) para cumplir con los requisitos de la Secretaría de Hacienda y garantizar que los recursos lleguen de manera directa a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos.

Señaló que la publicación de los Lineamientos generó diversas “inquietudes” por lo que explicaron que éstos ofrecen alternativas de uso comprobación, entendiendo que algunas víctimas requieren criterios flexibles dadas las circunstancias particulares de los lugares en donde viven o realizan diligencias; y que no implica el cobro de impuestos o la fiscalización de los beneficiarios.

Respecto a la canasta básica para el uso de medidas de ayuda de alimentación, refirieron que usan la publicada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pero que las personas beneficiarias pueden elegir cualquiera aprobada por institución federal o local.