Con la extradición de Emilio Lozoya, director de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2016), el gobierno mexicano espera obtener nueva información que le permita comprobar legalmente de los supuestos actos de corrupción llevados a cabo durante su gestión al frente de la paraestatal.
Pero las ondas de choque en nuestro país -producto de su extradición mas todavía no de su internación a un reclusorio en calidad de detenido-, han sido de diversa magnitud. Desde los ciudadanos y ciudadanas que piensan que es un acto de justicia necesaria que el ex servidor público pueda no pisar la cárcel mientras coopere con las investigaciones, hasta los que consideran que no es así, dado que Lozoya se encontraba prófugo y debe ser tratado como sospechoso criminal. Sin lugar a dudas, pise o no la cárcel, las declaraciones de Emilio Lozoya tendrán amplias implicaciones en la política mexicana.
En razón de la división de opiniones antes descrita entre la población, las empresas Social Research Solutions (SRS) y Opinión Pública (OPMI), a través de la encuesta AMLOVEmetrics, se dieron a la tarea de formularle a una muestra representativa de los mexicanos la siguiente pregunta:
“Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el gobierno de Peña Nieto, fue extraditado a México acusado de delitos relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión, en perjuicio de la empresa. ¿Cómo le parecería a usted la posibilidad de que no sea encarcelado si aporta información concluyente que involucre a sus superiores sobre las irregularidades?"
AMLOVEmetrics
45.4% de los entrevistados consideraría justo que Lozoya Austin no sea encarcelado si aporta información sustentada que involucre a otros funcionarios del entonces gobierno, pero un 54.6% consideran injusto que el exdirector no pise la cárcel mismo si coopera de forma sustantiva aportando pruebas.
No se olvide que una de las banderas de mayor peso que manejó Andrés Manuel López Obrador en su campaña fue la certeza de que en su gobierno no se permitiría la corrupción y se perseguiría a todos los funcionarios -no importando el rango o la administración- que participaran de alguna manera en esta actividad.
La petición en general, es que los políticos (pasados y presentes) respondan por sus actos, omisiones y decisiones. La corrupción rampante y sin ningún reparo para ocultarla hace pensar que las personas exigen no solo saber la verdad, sino también que quienes tuvieron algo que ver en los actos de corrupción paguen por sus culpas.
La extradición y declaraciones ante ministerio público de Emilio Lozoya puede ser la punta del iceberg para aprehender a otros funcionarios que hayan delinquido desde sus puestos de influencia. Sin lugar a dudas, la FGR tendrá que realizar un trabajo preciso y apegado a Derecho para procesar y castigar a los culpables, en caso de comprobarse delitos. Y, con ello, contribuir a generar una nueva cultura anticorrupción en el país.
El mensaje es simple: en la mayoría de los casos, la población mexicana -a inferida a partir de la representatividad de la muestra- quiere que, una vez probadas, los que estuvieron involucrados en las irregularidades, paguen con cárcel. Ello independientemente de si cooperan con la aportación de pruebas que condenen a otros participantes más notorios. Ahora, si ni siquiera es relevante lo que diga, pues con mayor razón.
Metodología de la encuesta AMLOVEmetrics
En esta ocasión se levantaron 600 encuestas telefónicas a nivel nacional el pasado 22 de julio. Ello mediante el método de robot; enviando la pregunta en un mensaje pregrabado que contestaron los entrevistados con opciones de respuesta en su teclado telefónico. Se usó una muestra probabilística, con un margen de error estadístico de +-4%.
AMLOVEmetrics continuará inquiriendo, como lo viene haciendo desde el día posterior a las elecciones presidenciales de 2018, sobre diversas cuestiones del acontecer nacional que sean de interés para la ciudadanía mexicana.