Con la detención y el próximo juicio que se llevará a cabo en Estados Unidos contra Genaro García Luna, secretario federal de Seguridad Pública de la administración Felipe Calderón, las ondas de choque en México han sido de muy diversa magnitud.

Por ello, las empresas Social Research Solutions (SRS) y Opinión Pública (OPMI), a través de la encuesta AMLOVEmetrics, se dieron a la tarea de formularle a una muestra representativa de los mexicanos las siguientes preguntas:

“El secretario de Seguridad Pública durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue arrestado en Estados Unidos por acusaciones de haber colaborado con el Chapo Guzmán. ¿Cree usted que esta detención beneficia o perjudica a López Obrador?”

AMLOVEmetrics

El 69.5% de los entrevistados considera que la detención de Genaro García Luna beneficia a AMLO; solo el 30.5 por ciento opina que le perjudica.

Estos resultados van en consonancia directa con los porcentajes de aprobación que sostiene López Obrador entre la ciudadanía. Ello sin olvidar que una vez que se anunció la captura del ex funcionario público, la administración federal hizo del conocimiento público que apoyarían a Estados Unidos con las indagatorias y que habían congelado ya las cuentas de García Luna en México.

La segunda pregunta que se realizó fue la siguiente: 

“En su opinión, ¿debe el gobierno de López Obrador investigar todo lo que pasó en la guerra contra el narco aunque se corra el riesgo de generar repercusiones sociales, o debe de aplicarse una política de borrón y cuenta nueva?”

AMLOVEmetrics
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AMLOVEmetrics (SDPNoticias)

El 74.3 por ciento de quienes contestaron consideran que se debe investigar todo lo que pasó. En tanto solo el 25.7% respondió que debe aplicarse borrón y cuenta nueva. Resultado complementario a la necesidad que se tiene en México (y en el mundo) de tener políticos que respondan por sus actos, omisiones y decisiones.

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Sin lugar a dudas, la ciudadanía exige saber la verdad de lo que pasó. No sólo en el sexenio de Felipe Calderón, también en el de Enrique Peña Nieto. Ante lo cual, no se exime que los funcionarios públicos pasados y presentes deban presentar sus declaraciones de bienes y tener un ejercicio limpio y pulcro de los recursos y razones que manejen mientras laboren en dependencias gubernamentales.

La posición de la gente es clara: si algún servidor público hizo mal uso, por omisión o abuso, de su puesto y de los bienes a ellos encomendados, tienen que pagar por ello.

Llamar a cuentas continúa siendo uno de los reclamos más sentidos de la población y, por lo mismo, la gran mayoría de los mexicanos estaría dispuesta en desdecirse o dejar atrás la política de AMLO de borrón y cuenta nueva. Esto, a pesar de la contradicción en el discurso lopezobradorista que eso implicara.

La captura de García Luna puede ser el comienzo para investigar a más funcionarios que hayan delinquido desde sus puestos. Desafortunadamente, se puede prestar también a una cacería de brujas contra personas que estuvieron cercanas a los pillos.

Sin embargo, la pureza de los procesos judiciales por lo general les resulta secundario a los encuestados, aunque lo ideal sería que se hiciera un trabajo preciso para capturar a los verdaderos culpables de este aparente atraco a la nación y lograr que la investigación arroje resultados que sirvan a consolidar una nueva cultura e institucionalidad anticorrupción.

Metodología

En esta ocasión, se levantaron 800 encuestas por teléfono en una muestra representativa a nivel nacional, con operadora, desde un Call Center, el 13 de diciembre. La selección fue aleatoria de entrevistados, con un margen de error estadístico de +-3,4%. No incluye el 31.7% de quienes dijeron que no saben en la primera pregunta y 10.2% de quienes mencionaron también que no saben en la segunda pregunta.

AMLOVEmetrics continuará inquiriendo, como lo viene haciendo desde el día posterior a las elecciones presidenciales de 2018, sobre diversas cuestiones del acontecer nacional que sean de interés para la ciudadanía mexicana.