El fundador de Megaupload seguirá en libertad condicional en Nueva Zelanda

Sídney (Australia), 29 feb (EFE).- Un tribunal de Nueva Zelanda desestimó hoy el recurso de la Fiscalía contra el fallo de excarcelar al fundador de Megaupload, Kim Schmitz o Dotcom, cuya extradición pide Estados Unidos por supuesta piratería informática.

El Alto Tribunal de la ciudad de Auckland "rechazó la apelación" de la Fiscalía, que representa al Gobierno de Estados Unidos, para que se revoque la decisión de otra instancia judicial que otorgó la semana pasada la libertad condicional a Dotcom, informaron a Efe fuentes judiciales.

Dotcom, de nacionalidad alemana, fue detenido el 20 de enero en su mansión en las afueras de Auckland, junto a otros tres directivos de Megaupload en el transcurso de una operación policial internacional que incluyó el cierre de su portal de descargas en internet y detenciones en Europa.

La fiscal Anne Toohey basó el recurso en que el tratado de extradición entre Washington y Berlín incluye una cláusula que permite a Alemania procesar a sus ciudadanos dentro de su territorio y sobre la posibilidad de que Dotcom tenga acceso a fondos que no han sido confiscados.

El equipo de abogados que defiende a Dotcom sostiene que los argumentos de la fiscalía adolecen de solidez y que no hay riesgo de fuga por parte de su cliente.

En cierta medida el juez Timothy Brewer se inclinó en favor de la versión de la defensa al considerar que la vigilancia electrónica era suficiente para impedir que Dotcom huya de Nueva Zelanda.

Dotcom mantiene su inocencia y asegura que no tiene intenciones de abandonar el país en el que tratará por la vía judicial de recuperar los bienes que le han sido confiscados.

Dotcom fue detenido junto al alemán Mathias Ortmann, de 40 años y cofundador del portal; Finn Batato, de la misma nacionalidad, de 38 años y responsable técnico del portal, y el holandés Bram van der Kolk, de 29 años y jefe de programación.

Dotcom pidió la libertad condicional pero dos magistrados se la denegaron en sendas ocasiones, -el pasado 25 de enero y el 3 de febrero-, aunque la semana pasada otro juez del tribunal del distrito de North Shore se la concedió con condiciones.

Éstas incluyen, la vigilancia electrónica, la prohibición de acceder a internet o a su helicóptero personal, así como la de alejarse a una distancia de 80 kilómetros de su vivienda, que es aledaña a la mansión donde fue detenido, entre otras.

Por su parte, Ortmann, Batato y Van der Kolk obtuvieron la libertad provisional días después de que fueran detenidos.

El próximo agosto está previsto que se celebre la primera vista del proceso judicial de extradición de los cuatro ejecutivos de Megaupload reclamados por las autoridades de Estados Unidos.

En la vista celebrada en el Alto Tribunal, Dotcom y su esposa Mona pidieron la devolución de una parte del dinero decomisado por las autoridades neozelandesas, en total la cantidad de 184.118 dólares (136.799 euros) mensuales para hacer frente a sus gastos, según informaron los medios neozelandeses.

Pero la juez Judith Potter autorizo transferir a un fideicomiso administrado por la defensa de Dotcom unos 61.930 dólares (46.014 euros) de una de las cuentas congeladas para pagar a los acreedores.

Hasta la fecha, las autoridades de Nueva Zelanda y EE.UU. han congelado más de 50 millones de dólares (37,78 millones de euros) en activos que pertenecían a Megaupload y varias empresas afines.

La fiscal indicó que existen sospechas de que la mujer de Dotcom, Mona Schmitz, estuvo implicada en las actividades de Megaupload, y al respecto aguarda recibir información adicional de las autoridades estadounidenses que investigan el caso.

Estados Unidos quiere juzgar a un total de siete ejecutivos de Megaupload, entre ellos los cuatro detenidos en Nueva Zelanda, de diversos delitos por piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Megaupload de ser parte de "una organización delictiva responsable de una gran red de piratería informática mundial" que ha causado más de 500 millones de dólares (371.498 millones de euros) en pérdidas al transgredir los derechos de autor de compañías.

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