La entrega de tarjetas por parte de candidatos con el fin de que las personas obtengan diversos beneficios es una práctica común de todos los partidos.

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva se informó de diversos candidatos que ofrecen tarjetas como propaganda política en sus campañas electorales.

Lo anterior luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación contra Adrián de la Garza por la entrega de sus “tarjetas rosas”.

Candidatos que han entregado tarjetas

  • Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, hizo entrega de la “Tarjeta Nuevo León”. 
  • Víctor Romo, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX) entregó la “Tarjeta violeta”. 
  • Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) a gobernador de San Luis Potosí, entregó la “Tarjeta Cumplidora”. 
  • Francisco Pelayo, candidato por la alianza PAN-PRI a la gubernatura de Baja California Sur, promovió la “Tarjeta Unidos Conmigo”. 
  • Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato por la alianza PRI-PRD para la alcaldía Mérida, ofreció la “Tarjeta Mérida”

¿Es legal la entrega de tarjetas?

En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una reforma establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE) al reglamento de la Comisión de Fiscalización.

Dicha reforma del INE prohibía entregar tarjetas para ofrecer beneficios durante las precampañas electorales.

El INE promovió esa reforma a raíz de la entrega de la tarjeta “ Salario Rosa” por parte de Alfredo del Mazo en las elecciones al gobierno del Estado de México.

De acuerdo con Felipe de la Mata, magistrado del TEPJF, es legal que un candidato plasme sus propuestas, incluso apoyos económicos, en tarjetas plásticas o de cualquier otro material como propaganda electoral.

Como justificación, el magistrado sostuvo que puede considerarse como acciones futuras de gobierno, pero aclaró que es legal mientras no se condicione el voto.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 242 párrafo 3, define que la propaganda electoral es un conjunto de escritos, publicaciones y expresiones que, durante la campaña comicial, producen y difunden los partidos políticos con el propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Lo que sí está considerado como ilegal por dicha ley en su artículo 209 es “la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio”.