Luis Antonio Dorantes Macías, quien era jefe de la estación de Policía Federal de Iguala, Guerrero, fue detenido por presuntamente estar vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Dorantes Macías habría tenido conocimiento de la detención de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en ambos lugares en tiempo real. Sin embargo, el detenido posteriormente negó los hechos, el posible destino y paradero de las víctimas.

Por su parte, la FGR informó que a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa denunció al expolicía por el delito de desaparición forzada agravada.

Previamente, Dorantes Macías fue detenido el 18 de enero debido a una orden de aprehensión emitida en septiembre de 2020 por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Puesto a que renunció a la Policía Federal el 23 de octubre de 2014, no se le sanciona por el régimen disciplinario de dicha dependencia, a diferencia de sus compañeros de la estación de Iguala que trabajaban el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Dorantes Macías fue asignado a la estación de Iguala el 15 de febrero de 2012 por el entonces titular de la División de Seguridad Regional de la PF, Luis Cárdenas Palomino, contra quien fue emitida una orden de aprehensión por el delito de tortura en agravio de dos de los supuestos integrantes de la banda de secuestradores "Los Zodiaco".

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Testigo Clave Caso Ayotzinapa

Un testigo clave en las investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa declaró ante la FGR que Omar García Harfuch, secretario de seguridad de la CDMX, “recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos”.

La afirmación del testigo identificado como 'Juan' fue rechazada categóricamente por Omar García Harfuch, señalando que su trayectoria en contra del crimen organizado está ahí y que no tiene nada que ocultar.

De acuerdo con Reforma, el testigo protegido ‘Juan’ declaró el 10 de febrero de 2020 que los jefes del cartel Guerreros Unidos otorgaban sobornos a mandos militares y de la Policía Federal para que les permitieran operar en Guerrero.

'Juan' indicó que el Cartel Guerreros Unidos destinaba desde 60 mil pesos hasta 5 millones de pesos a los elementos de los batallones 27 y 41 de la infantería, al Procurador, al secretario de Seguridad Pública de Guerrero, elementos policiacos y al entonces jefe de la Policía Federal, Omar García Harfuch.

García Harfuch tenía el cargo de coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero durante 2014, cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.