México.- Mario Delgado previó que la Cámara de Diputados apruebe este martes, 8 de octubre, la Ley Federal de Austeridad Republicana.

El coordinador de la fracción del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) subrayó que el propósito de dicha iniciativa es que el ahorro de los recursos se consolide y no se quede "sólo en una moda".

Delgado destacó que esta legislación contemplará que los recursos obtenidos por estas medidas se dedicarán a programas de bienestar, obras de infraestructura, así como a salud y educación.

Mario Delgado insistió en que con la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, habrá una política permanente para que el gobierno no pueda incurrir en despilfarros.

"Todo el dinero que se despilfarraba, que se utilizaba para financiar lujos y privilegios, eso ya no existe".

Mario Delgado

Desde Tabasco, el diputado indicó que la normatividad ya incorpora la ley de salarios máximos para que nadie gane más que el presidente de la República.

El paquete que se avalará incluye la Ley Federal de Austeridad Republicana y reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cabe destacar que la Ley de Austeridad Republicana fue aprobada por la Cámara de Diputados y remitida al Senado, pero éste incorporó unos cambios.

Este martes, en sesión ordinaria, la ley concluirá su ciclo legislativo para remitirla al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Entre otras cosas, la Ley de Austeridad Republicana plantea:

  • La Secretaría de Hacienda tiene la facultad para reprogramar, transferir recursos.
  • Cancelar las pensiones que reciben los ex presidentes.
  • Las percepciones de los servidores públicos no deben rebasar la del presidente de la República.
  • Prevé la cancelación de seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada y la prohibición de choferes y escoltas.
  • Prohíbe que dependencias y los funcionarios remodelen oficinas por cuestiones estéticas y compren mobiliario lujoso.
  • Los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.
  • Prohíbe delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como ProMéxico, en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia.
  • Dependencias y oficinas de Gobierno deben evitar el derroche en consume de energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.