Campesinos paraguayos abandonarán tierras sojeras tras acuerdo con el Gobierno

Asunción, 25 feb (EFE).- Un grupo de campesinos acampados ante una hacienda de productores brasileños de soja en reclamo de tierras en el este de Paraguay aceptaron hoy abandonar ese predio, tras una negociación y el compromiso del Gobierno de atender sus reclamos.

La propuesta gubernamental fue aceptada por los autodenominados "carperos", grupo de campesinos sin tierra que se encuentran acampados en carpas desde septiembre pasado ante una hacienda en Ñacunday, en el departamento de Alto Paraná, a 400 kilómetros al este de Asunción.

El gobernador del departamento de San Pedro, José Ledesma, que se reunió hoy junto a otras autoridades con los campesinos, confirmó a emisoras de radio asuncenas que los "carperos" aceptaron ser trasladados en los próximos días en camiones militares al Parque Nacional de Ñacunday.

Las autoridades propusieron llevar a los sin tierra a ese predio mientras buscan una solución al conflicto que se registra desde mediados del año pasado en esa región, fronteriza con el estado brasileño de Paraná.

Los "carperos" exigen al Gobierno la entrega de tierras públicas que presuntamente fueron adjudicas de manera irregular durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) al brasileño Tranquilo Favero, el mayor productor individual de soja del país que arrienda parte de sus terrenos a otros productores "brasiguayos", como se conoce a los colonos brasileños en este país.

Uno de los abogados de Favero, Guillermo Duarte, criticó el acuerdo al que arribaron las autoridades con los campesinos y "dijo que la Policía tenía la orden de individualizar a todas las personas acampadas para un eventual proceso por invasión de inmuebles".

"La Justicia debería labrar un acta y realizar todos los procedimientos de un desalojo conforme a la ley para dejar constancia" de lo ocurrido, dijo Duarte en conversación con la emisora televisiva Canal 13.

"En primer lugar, se está apañando a estos invasores para que no sean procesados y, en segundo, no se los saca de la zona de conflicto porque se los traslada unos kilómetros al sur", aseveró el abogado, quien no descartó la tramitación de acciones judiciales.

La medida también fue criticada por organismos locales no gubernamentales de protección del medio ambiente, que alertaron sobre el riesgo de los daños que pueda causar la instalación de campamentos en el Parque Nacional Ñacunday, que alberga grandes extensiones de reservas naturales.

El acuerdo se produce cuatro días después de que el Supremo desbloqueara un proceso de medición de las propiedades en disputa para su posterior sometimiento a la Justicia.

El presidente del país, Fernando Lugo, amenazó el pasado día 6 con usar "todos los medios disponibles" para evitar ocupaciones y enfrentamientos en Ñacunday.

Si bien asumió que en la zona hay tierras adjudicadas irregularmente, Lugo observó que compete a la Justicia decidir quiénes son sus verdaderos propietarios "en el marco de los juicios que habrán de iniciarse".

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