La extinción de los fideicomisos y fondos del Poder Judicial de la Federación por más de 15 mil millones de pesos podría ser una realidad; la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en comisiones.

Con 30 votos a favor por parte de Morena, Partido Verde y PT, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó este martes 10 de octubre el dictamen del proyecto que busca la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que se estiman por un monto superior a los 15 mil millones de pesos para 2024.

Cabe mencionar que en este dictamen no fue incluida la desaparición del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por un monto de 6 mil103 millones 992 mil 205, que si se suma a los demás dan un total de 21 mil 538 millones 748 mil pesos.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación en el pleno durante la semana siguiente.

¿En qué consiste el dictamen para la extinción de fideicomisos del Poder Judicial?

El dictamen promovido por el diputado Ignacio Mier Velazco, de Morena, para la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial pretende reformar, principalmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, entre otros ordenamientos.

La propuesta establece que, dentro del Poder Judicial, “no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia”.

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Por ello, un monto de 15 mil 451 millones de pesos tendrían que regresarse a la Tesorería de la Federación en caso de que fuera aprobada la extinción de la mayoría de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial.

Además, expone que los 13 fideicomisos y fondos que se busca eliminar han crecido a lo largo de los años, principalmente con las disponibilidades de recursos públicos generados en distintos ejercicios fiscales.

Respecto a la extinción de los fondos y fideicomisos, el proyecto propone:

  • los órganos del Poder Judicial que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo establecido y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de un año posterior a la entrada en vigor del decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables
  • las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que por razón del decreto se extinguen o terminan serán atendidos con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan
  • los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que por razón del decreto se extinguen o terminan, deberán enterarse en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial, las que a su vez, deberán enterar la totalidad de dichos recursos a la Tesorería de la Federación al término del plazo señalado en la ley.

PAN, PRI y MC se oponen a dictamen para eliminación de fideicomisos y fondos del Poder Judicial

Diputados del PAN, PRI y MC expresaron su rechazo al dictamen que busca la eliminación de los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, tal fue el caso de Héctor Saúl Téllez, del PAN, quien criticó la estrategia de Morena de buscar “estrangular” a las instituciones autónomas que no se alineen al gobierno federal.

La diputada Margarita Zavala aseguró que el dictamen violenta la autonomía y la división de poderes, así como el principio de progresividad de los derechos laborales. De modo que previó que la iniciativa acabará por ser analizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ser declarada inconstitucional.