La Cámara de Diputados aplazó hasta 2031 la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que la reforma pasa al Senado.
Aunque la misma debía aplicarse para 2027, la bancada morenista justificó que este tiempo servirá para dar más tiempo a jueces y personal judicial para capacitarse y adecuar las instalaciones para juicios orales.
La reforma que busca homologar procesos judiciales en el país fue aplazada en lo general con 363 votos a favor de Morena, PT, PVEM, MC y el PAN; y 57 en contra del PRI.

Nuevo Código Civil y Familiar aplicará hasta 2031
En la sesión del 20 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma para aplazar hasta el año 2031 la implementación del nuevo código civil y familiar, escrito en 2023.
Al presentar el proyecto, el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que el objetivo del aplazamiento es garantizar que su implementación sea de manera ordenada.
Para que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se lleve a cabo de manera ordenada, eficiente y sobre todo en beneficio de las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia.
Julio César Moreno, diputado de Morena
Con la reforma aplazada por Diputados, la entrada en vigor será el 1 de abril del 2031, a fin de garantizar que la transición al nuevo sistema se realice de manera gradual.
Esta ampliación permite que juezas, jueces y personal judicial continúen capacitándose, conozcan a fondo los nuevos procedimientos y unifiquen criterios para ofrecer una atención más ágil y eficiente.
Julio César Moreno
Además, Morena señaló que esto permitirá adecuar los espacios destinados a los juicios orales, contar con salas de audiencias apropiadas y fortalecer las herramientas necesarias para garantizar condiciones de igualdad.

¿Qué cambia con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares?
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca homologar los procedimientos judiciales en México para resolver conflictos relacionados con:
- Divorcios
- Pensiones alimenticias
- Custodia de menores
- Sucesiones
- Arrendamientos
- Otros asuntos civiles
Entre los principales cambios están la realización de juicios en audiencias orales, el uso de herramientas digitales y la incorporación de mecanismos para facilitar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

