México.- Familiares de víctimas y diferentes organizaciones exigieron al gobierno de Morelos abrir las fosas clandestinas de Tetelcingo para identificar a los más de 100 cuerpos que fueron despistados por la Fiscalía General de Morelos en 2014.
Emplazaron al gobierno estatal hasta el próximo miércoles 18, en caso de no haber respuesta, “nosotros iremos y abriremos las fosas con nuestras propias manos”.
Tras una reunión con titulares de la CNDH con la Comisión Ejecutia de Atención a víctimas y de la PGR, las organizaciones aseguran que aún queda un ápice de confianza para que se haga justicia a los cuerpos que están sepultados.
Sin embargo, representantes de la Red Eslabones y de la Red Enlaces, Juan Carlos Trujillo Herrera y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señalaron que no tienen confianza en las autoridades de Morelos, ya que ellos serían juez y parte.
A su vez indicaron que pese a que la CNDH tiene conocimiento del caso desde noviembre del año pasado y que familiares de víctimas de desaparición han denunciado su intervención en el cazolero hasta el momento ha dado vagas informaciones al respecto.
La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inhumó de manera irregular a al menos 149 personas en dos fosas clandestinas en Tetelcingo, Cuautla. Se sabe de varios casos donde los cuerpos fueron plenamente identificados por familiares, pero las autoridades no se los entregaron, bajo el pretexto de practicarles varias pruebas, pero los cadáveres fueron enviados a la fosa común.
El 9 de diciembre de 2014 la fiscalía realizó una diligencia en la que algunas familias lograron participar. Los peritos abrieron las fosas y desenterraron 150 cuerpos. Los cadáveres estaban colocados sobre tablas y embalados con plástico. En el mejor de los casos tenían una botella de agua, vacía, con el número de su averiguación previa o carpeta de investigación escrito en cartón.
El conocimiento de la fosas, provocó una movilización nacional por parte de los colectivos de víctimas, quienes aseguran que tienen interés jurídico en el caso “pues sabemos que el crimen organizado no respeta los límites políticos de las entidades”.
En ese contexto, las diferentes organizaciones acudieron al Programa de Atención a Víctimas y a la Comisión de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dado que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no les hicieron caso.
El anterior fiscal, Rodrigo Dorantes Salgado, que fue quien ordenó la inhumación de los más de 100 cuerpos en esas fosas, como basura, fue premiado con el nombramiento de delegado de la PGR en Durango, el nuevo fiscal, Pérez Durón, pero no ha sido capaz de mandarlo a llamar, acusa, avier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Con información de Proceso