México.-Tras un proceso penal de dos años Juana Ramírez Marcos, mujer indígena naua, originaria y vecina del poblado de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ahora se encuentra libre de cargos en su contra. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan apeló la resolución dictada por la jueza Celia Fernández Suárez, quien le dictó sentencia el 28 de noviembre de 2016, condenándola a un año y tres meses de prisión y a una multa equivalente a dos mil 500 pesos por el delito de lesiones agravadas.  

El 11 de diciembre de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero revocó la sentencia gracias a la apelación. El CDHM Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) saludan la decisión de Tribunal Superior, pero afirman la investigación por violación contra su ex pareja aún no está resuelta.

El OCNF segura que la violencia institucional que ha enfrentado es muestra de la forma en que las instancias de procuración de justicia minimizan las agresiones que las mujeres indígenas viven día a día en la Montaña de Guerrero.

Juana emigró con su ex pareja a los campos agrícolas de Sinaloa y trabajaron ahí durante varios años. Con sus ganancias edificaron una casa pero desde  2011, él inició una relación de concubinato con otra mujer de su comunidad, a quien llevó a vivir en su domicilio conyugal. 

Esto condujo a que Juana saliera de la casa. Él golpeaba y maltrataba a Juana, lo que en varias ocasiones le ocasionó lesiones graves. Su mayor anhelo era que la casa quedara como patrimonio de sus dos hijos menores, Edgar y Fabiola. 

En septiembre de 2014, ya separada, Juana fue agredida sexualmente por su esposo. Su preocupación por su futuro la condujo a Juana ingresar a su anterior domicilio conyugal para recoger los papeles de sus hijos y de la casa, pero el hombre y su actual pareja le impidieron hacerlo.  

Su denuncia ante el entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos por el delito de violación estuvo llena de  irregularidades. 

El 31 de octubre de 2017, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal absolvió a su agresor, valiéndose de una prueba pericial en química de ADN y semen cuya realización por parte de un perito independiente pagado por el agresor le favoreció. 

En este proceso tampoco se consideró la violencia familiar de la que Juana era sobreviviente mientras que en la narración de hechos de su denuncia describe la forma tan cruenta de violencia ejercida en su contra. 

El caso no es único, Elvia Méndez mujer indígena de 20 años de edad y originaria de la comunidad guerrerense de San Pedro Petlacala, se separó de su esposo debido a que éste la agredía en forma constante.

En diciembre de 2016, Elvia se encontró con su ex pareja sentimental, quien comenzó a golpearla en plena calle, a pesar de que estaba presente la hija de ambos, de apenas cinco meses de edad, y de que la mujer aún se estaba recuperando de una cesárea.

Para disuadir a su atacante, la joven tomó una botella rota y la usó contra él. El juez condenó a Elvia a un año de prisión y a la reparación económica del daño, acusada de lesiones agravadas en contra de su ex esposo, sin considerar que actuó en legítima defensa de ella y su hija.

Por ello el OCNF y el centro de derechos externan su preocupación en que la autoridad falle en garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen conforme a derecho, como lo indican los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura adoptados por la ONU e incidan en el actuar de más casos hacia mujeres indígenas pertenecientes a ese sector.