México.- Daniela Mabel Sánchez Curiel desapareció el 10 de marzo de 2015. Ese día, Daniela y su mamá, Laura Curiel, se habían mantenido en contacto porque la joven había acordado regresa a vivir con ella por problemas con la pareja y padre de su hijo.

Esa noche, mientras se ponían de acuerdo para la mudanza, Daniela le dijo a su mamá que su pareja había llegado molesto a su casa y le dio las buenas noches. A la mañana siguiente, Laura trató de comunicarse con Daniela sin éxito, la buscó en su trabajo pero no había ido.

La pareja de su hija le dijo que Daniela se había ido de la casa. Laura logró acceder a la cuenta de Facebook y se encontró con conversaciones fabricadas, ya que por detalles como domicilios de familiares, supo que su hija no había escrito esas conversaciones.   

Desde entonces, Laura ha sido desplazada junto con su nieto por inseguridad, por buscar a Daniela. Su familia no ha parado de recibir amenazas y hostigamiento, muestra de lo que viven las familias de mujeres desaparecidas, por el sistema de justicia mexiquense.

“Hace 3 años 11 meses conocí el peor sistema de justicia. Revictimización a mi hija, después de todo este tiempo, la investigación sigue congelada. He pasado por cuatro Ministerios Públicos y ninguno ha hecho su trabajo, lo que recibimos son malos tratos.  Estoy segura que lo peor que le puede pasar a una madre es que su hija desaparezca en el Estado de México”, asegura Laura Curiel.

El caso de Daniela es uno de la larga y dolorosa historia de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas o víctimas de feminicidio en el Estado de México.

Ya con una alerta de género por el delito de feminicidio, ahora organizaciones no gubernamentales buscan que se dicte una nueva alerta por el delito de desapariciones en siete municipios: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

¿Por qué una nueva alerta?

Lo más leído de Estado de México

De cada 10 personas que desaparecen en el Estado de México, cinco son mujeres (46%), casi el doble de lo que representan las desapariciones en todo el país donde 26% son mujeres. La mayoría de las víctimas (59%) son niñas y adolescentes, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), citado en el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

El pasado el 25 de junio de 2018, IDHEAS, Litigio estratégico en derechos humanos A.C., el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Uniendo Esperanzas, Deudos y Defensores, Por la dignidad de nuestros desaparecidos, Alondras Unidas y Nos Queremos Vivas Neza, solicitaron una nueva alerta de género por desapariciones en siete municipios que concentran la mayoría de los casos.

Tan solo entre el 1 de enero de 2012 y el 15 de septiembre de 2018, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó un acumulado de 3 mil 686 mujeres desaparecidas y no localizadas en los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco.

De ese total, las mujeres, niñas y adolescentes No localizadas hasta septiembre de 2018, son mil 073, según el diagnóstico de Mujeres desaparecidas en el Estado de México realizado por IDHEAS. 

Otros resultados relevantes dentro del diagnóstico es el perfil de las mujeres que son desaparecidas. La mayoría de las mujeres reportadas como no localizadas tienen entre 15 a 17 y de 21 a 29 años, son solteras y, en su mayoría, estudiantes, por lo que, de acuerdo con los expertos que realizaron el documento, “un número relevante de casos de menores de edad desaparecidas entre los 10 y los 17 años de edad, pueden estar vinculados con la trata de personas”.

En el mismo reporte, se indica que los familiares de las desaparecidas son revictimizados, pues las autoridades encargadas de tomar las declaraciones y de realizar las investigaciones no están lo suficientemente preparadas y carecen de recursos humanos.

El reporte realizado por Conavim fue enviado al Gobierno del Estado de México en octubre pasado, y en un periodo de seis meses se determinar si se decreta una nueva alerta de género por desapariciones en los siete municipios solicitados. El plazo del gobierno mexiquense vence la última semana de marzo.