Nueva política migratoria restrictiva implementada por la administración de Donald Trump genera controversia por la dificultad de la obtención de green card a quienes utilicen asistencia pública.
La normativa amplía significativamente la definición de carga pública, permitiendo que los funcionarios consideren el uso de cupones de alimentos, subsidios de vivienda y atención médica al evaluar a los solicitantes.
Diversas organizaciones y estados han presentado demandas legales, argumentando que esta medida genera temor y provoca que las familias renuncien a servicios esenciales por miedo a la deportación o al rechazo de sus trámites.
¿Qué cambia con la nueva norma de Donald Trump para la green card?
La “carga pública” es un criterio o causa de inadmisibilidad contemplado en las leyes migratorias de Estados Unidos que permite a las autoridades negar la admisión al país, el otorgamiento de visas o la residencia permanente (green card) a personas que se determine que podrían depender en el futuro de la asistencia económica gubernamental o de fondos públicos.
Para tomar esta determinación, los funcionarios evalúan en conjunto la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos financieros, la educación y las habilidades del solicitante.
La nueva regulación revoca la normativa establecida en 2022 y amplía considerablemente los factores y criterios de evaluación.
A diferencia de la norma previa -que solo consideraba subsidios directos en dinero en efectivo y atención médica institucionalizada de largo plazo-, la nueva regla permite analizar programas de ayuda no monetaria sujetos a comprobación de ingresos.
Entre ellos se encuentran Medicaid, SNAP (cupones de alimentos), programas de asistencia y vales de vivienda, CHIP (seguro médico infantil) y ciertos préstamos o subsidios para educación universitaria.
Los oficiales de inmigración pueden considerar la asistencia pública solicitada o recibida en nombre de familiares dependientes, incluidos hijos que son ciudadanos estadounidenses, si el solicitante es responsable de su manutención y el beneficio depende de sus ingresos.
La sola solicitud o trámite para pedir un beneficio gubernamental puede ser tomada en cuenta en el análisis, incluso si la ayuda no llegó a concederse.
Contar con un patrocinador económico ya no garantiza por sí solo que el inmigrante no sea clasificado como carga pública; las autoridades evaluarán la totalidad de sus circunstancias.
Si un funcionario determina que existe riesgo de que el solicitante sea una carga pública, se habilita la opción de pagar una fianza como garantía de no solicitar apoyos del gobierno durante sus primeros cinco años con residencia.
Esta norma afecta a inmigrantes que solicitan la residencia permanente o visas de inmigrante por petición familiar (cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos o residentes) o por petición de empleo.
Los inmigrantes indocumentados no se ven afectados directamente, ya que por ley no son elegibles para la mayoría de estos programas públicos.
Se mantienen excepciones para asilados, refugiados, víctimas de delitos o violencia doméstica (visas U, T, VAWA), menores inmigrantes especiales (SIJS), solicitantes de TPS, beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano, entre otros grupos vulnerables o humanitarios.
La norma de Donald Trump para la green card entró en vigor el 18 de septiembre de 2026. Cualquier solicitud de residencia enviada o recibida con sello postal del 17 de septiembre de 2026 o antes se evaluará bajo los criterios menos restrictivos de la regla de 2022.
¿Por qué la nueva norma de Donald Trump para la green card genera controversia?
La norma sobre la “carga pública” impulsada por la administración de Donald Trump genera una intensa controversia debido a sus profundos impactos sociales, económicos y jurídicos.
La principal preocupación de defensores de los derechos de los inmigrantes es que la regla genera confusión y temor masivo.
Muchas familias legales están renunciando o evitando inscribirse en programas sociales de salud, vivienda y alimentación a los que tienen derecho legalmente por miedo a que esto perjudique su solicitud de residencia (green card).
Aunque los niños nacidos en EU son ciudadanos y tienen derecho a recibir ayudas públicas, la norma permite evaluar los beneficios solicitados o recibidos en su nombre si el padre solicitante es responsable de su manutención.
Esto lleva a que muchos padres decidan retirar a sus hijos ciudadanos de programas de nutrición y salud para no poner en riesgo su propio estatus migratorio.
Organismos defensores denuncian que esto obliga a los padres a una elección imposible entre alimentar o cuidar la salud de sus hijos y mantener a la familia unida.
Organizaciones sociales y autoridades locales advierten que la deserción de programas como Medicaid, cupones de alimentos o almuerzos escolares saturará las salas de urgencias hospitalarias y empeorará los índices de pobreza, desnutrición infantil y salud pública en general.
Los gobiernos estatales y municipales sostienen que la medida perjudica sus economías. Al bajar la inscripción en programas federales, los estados dejan de recibir miles de millones en transferencias (los 22 estados demandantes estiman perder cerca de 2.200 millones de dólares solo en Medicaid y CHIP).
A diferencia de normativas previas, la nueva regla no especifica taxativamente todos los programas que serán penalizados, señalando únicamente que se evaluará cualquier beneficio sujeto a comprobación de ingresos.
Críticos argumentan que esta imprecisión crea incertidumbre deliberada y otorga un margen de discrecionalidad excesivo a los agentes de inmigración, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias o sesgos partidistas.
Una coalición de 22 estados (liderada por Nueva York) y otra de grandes ciudades (como Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle) presentaron demandas ante tribunales federales.
Argumentan que el DHS excedió la autoridad otorgada por el Congreso y que la norma es “arbitraria y caprichosa”.
Por su parte, la Administración Trump defiende la medida argumentando que busca recuperar el principio de autosuficiencia de los inmigrantes, proteger los recursos públicos y evitar que los contribuyentes estadounidenses asuman el costo de personas que dependen del Estado.
