A pesar de ser un país con mayoría musulmana, Indonesia no criminaliza a las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual; ser gay, lesbiana o bisexual, sólo es castigado en la provincia de Aceh regida por la sharia que imponen severos castigos a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, un nuevo código penal podría cambiar severamente esta realidad pues, entre muchos otros puntos que han sido condenados por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, penalizaría las relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Dicha medida afectaría tanto a personas solteras, como a homosexuales ya que la legislación continúa sin contemplar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. De entrar en vigor, la regla permitiría que las autoridades o los familiares cercanos a un infractor, denunciaran cualquier acto en contra de este artículo.

El nuevo código penal comenzó a gestarse décadas atrás con la intención de remplazar al que está vigente desde hace 100 años y el proyecto de ley irá a sesión parlamentaria el próximo 24 de septiembre, donde, en caso de ser aprobada, se convertirá en ley. “Es una formalidad, todos los partidos en el Parlamento están de acuerdo”, declaró Yasonna Laoly, ministro del Leyes y Derechos Humanos de Indonesia.

Adicionalmente al hecho de que las relaciones sexuales extramaritales podrían ser castigadas con hasta un año de presión, la población LGBTI que es cada vez más visible en Indonesia, se enfrentaría a un artículo que criminaliza los “actos obscenos” (sin especificar claramente cuáles se consideran como tal) con una pena de hasta seis meses de prisión.

Aborto y blasfemia

Entre otros artículos que han sido señalados por activistas y organizaciones por violar los derechos humanos, está el que estipula que solo los médicos pueden realizar un aborto, serán castigadas con hasta cinco años de prisión las personas que ayuden a interrumpir un embarazo y las mujeres que tengan uno podrían ser encarceladas durante cuatro años.

La ley sobre blasfemia aprobada en 1965 sufriría cambios para ampliar su alcance, lo que resulta preocupante pues, según informa Human Rights Watch, 150 personas han sido condenadas por la legislación actual y la mayoría de ellas pertenecían a alguna minoría religiosa.

Por otro lado, las reformas condenarían a quien insulte al presidente o al vicepresidente, lo que podría traducirse en nuevos casos de opresión y censura hacia la prensa.

Con información de CNN.