La Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda a México en su disputa con Estados Unidos por el comercio de armas, según afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un comunicado, la SRE manifestó que un Tribunal regional estableció que Estados debe actuar con “debida diligencia” en los procesos para regular, vigilar y supervisar la comercialización de armas de fuego, sin importar que dichas actividades sean realizadas por empresas privadas.

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Corte Interamericana pide a Estados Unidos mayor responsabilidades por comercio de armas hacia México

La SRE afirmó que la reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tráfico ilícito de armas fortalece la postura que México ha sostenido durante años frente a este fenómeno.

La cancillería mexicana señaló que la resolución subraya la responsabilidad de los países para establecer controles eficaces que impidan que las armas lleguen al mercado ilegal. Entre las medidas destacadas se encuentran la implementación de mecanismos de identificación de origen, así como sistemas que permitan rastrear el recorrido de las armas desde su fabricación hasta su eventual posesión o decomiso.

La Corte Interamericana también destacó la importancia de contar con procesos adecuados de marcaje, registro y seguimiento de armas de fuego. Asimismo, consideró indispensable fortalecer la administración de arsenales oficiales y del armamento incautado por las autoridades, con el objetivo de evitar que este material sea desviado hacia organizaciones delictivas o redes clandestinas de tráfico.

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Otro de los puntos relevantes del documento es el reconocimiento del derecho de las víctimas de la violencia armada a contar con recursos judiciales efectivos para reclamar por los daños sufridos.

En este sentido, la Corte indicó que los Estados deben garantizar vías legales que permitan exigir responsabilidades y, al mismo tiempo, promover la cooperación internacional para combatir el flujo ilícito de armamento.

La opinión consultiva, que tiene carácter orientador y no vinculante, deriva de una solicitud presentada por México en 2022 ante la Corte para esclarecer las obligaciones de los Estados frente a las actividades de compañías privadas dedicadas al comercio de armas.

De acuerdo con la cancillería, el pronunciamiento también respalda los argumentos del país en los litigios que mantiene contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, estrategia que forma parte de la política de seguridad impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

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