Confirman participación de ex tesorero de Coahuila en fraude

El Consejo de la Judicatura Federal detalló que un Juez de Distrito resolvió el juicio de amparo 146/2012 que promovió Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración

Ciudad de México.- Un juez federal acreditó la participación de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, en el delito equiparado al fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico, informó el CJF.

 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detalló que el Juez 1 de Distrito del Centro Auxiliar de la X Región resolvió el juicio de amparo 146/2012 que promovió Villarreal Hernández.

 

En la sentencia se ordenó al magistrado local del proceso que deje insubsistente el auto de formal prisión señalado como acto reclamado y, en su lugar, dicte otro en el cual reitere que se acredita la participación del quejoso en el delito equiparado al fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico.

 

Además se solicitó al juez de la causa que se vuelva a pronunciar en relación al delito de uso de documento falso, a partir de un nuevo análisis de las pruebas, al considerarse que se violaron los artículos 16 y 19 de la Constitución, únicamente por dicho aspecto.

 

En una nota informativa, el CJF precisó que los antecedentes de este caso se remontan al 30 de junio de 2011, cuando integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de Coahuila denunciaron hechos delictivos relacionados con la deuda pública contratada por el gobierno estatal.

 

En esa fecha, mediante un escrito, los legisladores coahuilenses señalaron que fueron falseados y alterados documentos con la finalidad de obtener dos préstamos por un monto tres mil millones de pesos.

 

Tras las investigaciones, el Ministerio Público dependiente de la entonces Fiscalía General de Coahuila ejerció acción penal contra Villarreal Hernández y otras cinco personas.

 

Todos ellos en su momento mantuvieron el carácter de servidores públicos en esa entidad; los delitos que se les imputaron fueron los de fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico y uso de documento falso.

 

El asunto fue turnado al Juez 2 de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, quien lo radicó con el número de causa penal 76/2011; posteriormente, el 31 de octubre de 2011, dictó auto de formal prisión en contra de Villarreal Hernández.

 

A esta persona se le acreditó su probable responsabilidad en la comisión de los delitos equiparados al fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico y uso de documento falso.

 

Contra la anterior determinación se interpuso juicio de amparo y originalmente correspondió conocer al Juzgado 1 de Distrito en Coahuila. Sin embargo, el 10 de abril de 2012 se remitió al Juez 1 de Distrito Auxiliar, a fin de que fuera dictada la sentencia respectiva.

 

El quejoso en su solicitud de amparo manifestó sustancialmente que no existen las pruebas que permitan acreditar en su contra los actos ilícitos de uso de documento falso y simulación de acto jurídico.

 

Después del análisis del expediente, el juez de distrito resolvió que, contrario a lo indicado por el quejoso, el juzgador local estuvo en lo correcto al encontrar elementos probatorios para llevarlo a juicio por las citadas imputaciones.

 

Ello al existir pruebas que permiten advertir la acción del quejoso para aparentar dos decretos del Congreso del estado como verdaderos y lograr así, por conducto de otras personas, la obtención de dos créditos por un monto de tres mil millones de pesos.

 

Con dicho amparo se tienen dos efectos específicos respecto de la situación jurídica del quejoso. Por una parte se considera que existen elementos probatorios suficientes para iniciar juicio penal en su contra por el ilícito de equiparado al fraude en su modalidad de simulación de actos jurídicos.

 

Por la otra, que respecto del diverso delito de uso de documento falso es posible que se dicte uno nuevo en el mismo sentido, o en otro diverso.

 

Respecto del último aspecto, se especificó al juez penal que lo resuelto deberá estar justificado jurídicamente, de conformidad a los referidos derechos fundamentales en materia penal.

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