El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reforzaron sus vínculos de coordinación y colaboración institucional mediante una reunión de trabajo orientada a mantener una relación cercana y respetuosa entre ambas instancias.
El encuentro permitió abordar la importancia de fortalecer la comunicación entre autoridades y consolidar mecanismos de colaboración que contribuyan al adecuado desarrollo de las funciones públicas, particularmente en temas relacionados con la impartición de justicia.
En la reunión participaron integrantes de la estructura directiva y regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre ellos el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva; los magistrados Ariadna Camacho y Humberto Rosas, integrantes de la Junta de Gobierno; así como las magistradas Sandra Paola Castañeda y María de los Ángeles Jasso, pertenecientes a las salas regionales del organismo en Nuevo León.
Buscan fortalecer colaboración entre instituciones
La reunión tuvo como propósito refrendar la disposición de ambas instituciones para mantener una relación basada en la coordinación, el respeto y la colaboración, con apego a las atribuciones y responsabilidades correspondientes a cada instancia.
Durante el encuentro también se destacó la relevancia de fortalecer los vínculos con instituciones que participan en la vida pública y que tienen relación con la impartición de justicia, como parte de un esquema de trabajo institucional.
Esta coordinación busca contribuir al fortalecimiento del servicio público y a la atención de las necesidades de la ciudadanía dentro del marco legal, mediante una relación institucional que facilite la comunicación entre autoridades.
El Gobierno de Monterrey reiteró su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con instituciones de los distintos órdenes y ámbitos de gobierno, con el objetivo de fortalecer las funciones públicas.
Con estas acciones, el Municipio mantiene una política de colaboración institucional orientada a consolidar el respeto al marco jurídico, fortalecer el Estado de Derecho y contribuir a una atención pública apegada a la legalidad y a las responsabilidades de cada autoridad.