El gobierno de Michoacán interpuso otra denuncia contra funcionarios de la administración anterior debido al descubrimiento de sobrecosto en transacciones relacionadas con cuarteles.

Se trata de la compra venta del  Cuartel Regional de la Policía Estatal de Michoacán, en Lázaro Cárdenas.

Esta denuncia forma parte de las que en días y semanas anteriores han emprendido a nivel federal, mismas que surgieron por irregularidades en el gasto público en la administración de Silvano Aureoles.

También puedes leer

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que se pagaron por concepto de renta y venta 905 millones de pesos, mientras que su valor real era de 131 millones de pesos de acuerdo con el avalúo del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales.

Por concepto de arrendamiento se pagaron 610 millones de pesos y por venta 294 millones de pesos.

“Se tiene un sobrecosto de 774 millones de pesos con los que se pudieron construir otros seis cuarteles de la policía en Michoacán y aún así, considero están muy elevados porque un cuartel de la Guardia Nacional ronda entre 25 y 80 millones de pesos y una Unidad de la Marina entre 100 y 110 millones”

Alfredo Ramírez Bedolla. Gobernador Michoacán

Cuarteles de la Guardia Nacional y la Marina cuestan esto

El sobrecosto es muy elevado, de acuerdo con Alfredo Ramírez Bedolla, dado que un cuartel de la Guardia Nacional cuesta entre 25 y 80 millones de pesos y uno de la Marina entre 100 y 110 millones de pesos.

Cabe recordar que  el 16 de febrero, se presentaron las primeras cuatro denuncias penales por manejo irregular del gasto público por cinco mil millones de pesos.

Implican delitos por enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Las denuncias se interpusieron ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.